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REVISTA

LA MASACRE DE BAGUA

Una mirada a las debilidades del Estado
La peor matanza de policías de los últimos tiempos en la historia del Perú tuvo lugar en Bagua, el pasado viernes 5 de junio. En total -según cifras oficiales- resultaron muertos 24 policías y 10 nativos, aunque hasta el día de hoy algunas personas siguen desaparecidas. Dos semanas después, el Ejecutivo aceptó la derogatoria de los decretos legislativos causantes de la tragedia. El gobierno capituló. ¿Eran necesarios tantos cadáveres?
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LA MASACRE DE BAGUA

La última masacre de policías de que tiene memoria el país sucedió en marzo de 1989. Ese día, alrededor de 300 senderistas atacaron el puesto policial de Uchiza, en San Martín, conformado por unos 50 efectivos, y en la refriega que se armó murieron siete policías. Tres más fueron asesinados después de un juicio popular al que fueron sometidos por los terroristas.

 

En el Andahuaylazo de Antauro y Ollanta Humala, el 31 de diciembre del 2004, los 'reservistas' asesinaron a cuatro policías de la comisaría de Andahuaylas, donde se mantuvieron atrincherados por 72 horas antes de rendirse.

 

En junio del 2008, 600 pobladores de Moquegua tomaron el puente Montalvo en protesta por las diferencias en la distribución del canon minero con Tacna, y cuando los efectivos acudieron a recuperar el orden, fueron tomados como rehenes. El general PNP Alberto Jordán, al mando de la operación, terminó ondeando una bandera blanca y pidiendo disculpas a la población enardecida que amenazaba con matarlos a él y a sus subordinados.

 

Durante el violento desalojo al bosque de Pómac, en Lambayeque, en enero de este año, fueron asesinados dos miembros de la Dinoes.

 

Sin embargo, a pesar de las lamentables muertes que ocasionaron Sendero en Uchiza, los Humala en Andahuaylas y los invasores del santuario arqueológico en Pómac, y de lo vergonzoso que significó para el país que un general de la Policía terminase arrodillado suplicando por su vida, ninguno de esos sucesos se compara con el descalabro que sufrió la Policía el 5 de junio último.

 

Esta vez fue la Ley Forestal. O, por lo menos, esa fue la excusa. Los nativos se encontraban en pie de guerra desde hacía varias semanas en contra de un paquete de decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo, que ellos consideraban que los agredían como comunidad y que además recortaban sus derechos sobre tierras en que habitaban sus antepasados hacía cientos de años. Estas leyes fueron dadas por el gobierno al amparo de las facultades otorgadas por un Congreso estéril que, si no fuera por las muertes que en esta oportunidad contribuyó a ocasionar con sus debates infructuosos, provocaría solamente risa y lástima, pero que causa indignación y vergüenza ajena.

 

En agosto del año pasado, los nativos dieron los primeros golpes de tambor anunciando una guerra inminente. En la edición número 74 de Generacción se dio cuenta de la manera cómo el ahora asilado Alberto Pizango respondía ante los requerimientos de la prensa acerca de por qué los nativos adoptaban medidas como la toma de estaciones de gas e hidroeléctricas y el bloqueo de carreteras, además del secuestro de policías. Es decir, exactamente lo mismo que hicieron en Bagua, solo que sin el saldo fatal que todos conocemos. "Es la única manera de hacernos escuchar", dijo Pizango en aquella ocasión.

 

Estos acontecimientos del 2008 no solamente interesan como anécdota. Aunque no hubo muertos, los nativos encabezados por Pizango dejaron en claro que cuando se trataba de defender sus tierras eran capaces de llegar hasta las últimas consecuencias. Fue lo que sucedió hace dos semanas.

 

LOS HECHOS

 

La operación se inició el viernes 5 antes de las seis de la mañana. Unos 20 policías pertenecientes a la Dinoes se dirigieron a retomar la "Curva del Diablo", en Bagua, creyendo que se encontrarían con un pequeño grupo de manifestantes. En realidad se toparon con una turba de 500 nativos armados con lanzas y flechas. El combate se inició casi de inmediato.

 

Tras las primeras escaramuzas, los cientos de nativos terminaron rodeando a la veintena de efectivos policiales. Los primeros blandían sus flechas y lanzas. Los segundos empuñaban sus fusiles AKM y sentían el peso de las  pistolas y las granadas en las cartucheras. La tensión que debieron sentir en ese momento estuvo sin duda marcada por el latido de sus corazones. Si disparaban, la matanza de nativos sería inminente. Si se rendían, lo más probable era que terminaran muertos. Eligieron rendirse. Eligieron morir antes que matar.

 

¿Fue la decisión correcta? Según los manuales de la Policía y de las Fuerzas Armadas, un policía, igual que un soldado, puede morir en un combate o en un enfrentamiento contra terroristas, narcotraficantes, ladrones o cualquier otro grupo armado que constituya peligro para la seguridad de los ciudadanos y la del país.

 

Los policías y los soldados se encuentran preparados para morir llegado el momento. Un civil no. La vida de los civiles debe ser preservada en todo momento.

Sin embargo, estos civiles de Bagua se encontraban armados y dispuestos a morir y matar, exactamente igual que los miembros de las fuerzas policiales y armadas, y sin duda constituían una amenaza para la seguridad del resto de ciudadanos y la del país. Bajo esta premisa, quizás los policías debieron hacer uso de sus armas y, con esto, obligar a los manifestantes a dispersarse. Desde luego, es fácil decir esto sentado en un escritorio. La terrible disyuntiva entre morir o matar debió ser resuelta por los policías en segundos. Solo hubo tiempo para dedicar un último pensamiento a la mujer y a los hijos. Después, nada.

 

Mientras tanto, en la Estación 6 del Oleoducto Norperuano de Petro Perú, en Imasita, a 130 kilómetros de Bagua, la situación era todavía más complicada que en la Curva del Diablo, si cabía. Por inverosímil que parezca, los indígenas mantenían secuestrados a 38 policías que custodiaban la Estación al mando del comandante Miguel Montenegro Castillo desde el ¡9 de abril! Casi dos meses al momento de la operación.

 

¿Qué elementos se conjugaron por parte de las autoridades civiles y policiales (desidia, cobardía, cálculos políticos, ineptitud) para que se llegara a estas circunstancias? ¿Por qué la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, no consideró necesario rescatar a estos efectivos antes de iniciar el ataque en la Curva del Diablo? ¿No resultaba evidente que, mientras que un grupo de policías permaneciera secuestrado en un sitio, era peligroso que otro grupo intentase un ataque en otro?

 

Es cierto que cuando las batallas terminan todos pretendemos ser generales. Pero en este punto el error fue grosero. Cabanillas ha respondido a las críticas aduciendo que "la ministra solo se limita a conseguir recursos para los operativos y son los mandos policiales quienes deciden cuándo y cómo se ejecutan las acciones". Sin comentarios.

 

El resultado fue espantoso, pero previsible. Diez policías asesinados en la Estación 6, luego de varias horas de torturas. Una vez que fueron hallados por sus compañeros, pudo verse que los cuerpos presentaban heridas de lanzas y flechas en la cabeza, el tórax, los brazos y las piernas, además de impactos de bala. Se dijo que incluso a algunos les habían arrancado los ojos.

 

La insania con que fueron ultimados estos efectivos sólo puede ser comparada con la que los senderistas y emerretistas empleaban con sus víctimas civiles y uniformadas en los años 80. El cadáver del comandante Montenegro fue hallado recién el lunes 8, a tres kilómetros de distancia, semidesnudo, con las manos atadas a la espalda y evidentes huellas de tortura. Y dos impactos de bala en la cabeza.

 

También hubo bajas entre los indígenas, por supuesto. En total, diez muertos. Con el correr de los días, cuando la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía se hicieron presentes, las mujeres de los pueblos de los alrededores denunciaron que sus hijos y esposos no regresaban a sus casas. Se habló entonces de una matanza de indígenas. Se dijo que decenas de nativos habían sido arrojados a los ríos antes de que llegaran representantes de ambas instituciones civiles.

 

Sin embargo, como recalcó Gustavo Gorriti en Prensa Libre el lunes 15, los años de la guerra interna con Sendero y el MRTA demostraron, entre otras cosas, algo muy cierto. Los cadáveres jamás desaparecen. Aquellos que eran arrojados al Huallaga u otros ríos por militares y policías, terminaban saliendo a flote. Por lo pronto, las acusaciones de las mujeres no han sido confirmadas.

 

Cabe resaltar que hay cientos y acaso más de mil nativos refugiados en las misiones de monjas repartidas en ese sector de la selva. Otros cientos deben de haberse guarecidos en el monte por temor a ser detenidos o a posibles represalias de los policías.

 

Sin embargo, si llega a verificarse el dato de que son 10 los nativos fallecidos en la refriega, contra 24 policías, y aunque el cotejo de muertos resulta monstruoso, ¿de qué matanza de indígenas hablan algunos? De la misma manera que Generacción hizo eco de las denuncias de corrupción policial existente en el VRAE, en Bagua la cosa queda clara.

 

MARCHA ATRÁS

 

El gobierno ha aceptado la derogatoria de los decretos legislativos que, sumados a otros factores, desencadenaron la matanza. Cabe preguntarse: ¿Por qué se envió a estos policías a una muerte segura si luego se iba a dar marcha atrás? ¿Existe realmente una planificación seria en las acciones que lleva a cabo el gobierno en sus distintos sectores? Hace unos meses las autoridades "lamentaron y condenaron" el ataque que ocasionó la muerte de 15 soldados en el VRAE. ¿Qué está sucediendo?

 

Luego de los acontecimientos de Bagua, a Pizango se le concedió asilo en Nicaragua. ¿Por qué ese país? Quizás por los nexos de Daniel Ortega con Hugo Chávez. ¿Por qué Chávez? Porque Chávez sería el primer interesado (el segundo sería el Humala que queda libre) en incendiar la pradera en el Perú para extender su influencia petrolera en la región. Ya tiene a Bolivia y a Ecuador. Con Colombia, Brasil y Chile prácticamente inalcanzables, y Argentina que no se decide, el Perú no sería un magro consuelo para nada.

 

Si Humala no llega, Chávez quizás podría impulsar la candidatura de Pizango el 2011. Total, a él no le importa quién sea. En su lógica, los presidentes de la región son accesorios y mutables. Excepto él.

 

Sin embargo, es evidente que las manifestaciones, el bloqueo de carreteras, las tomas de centrales hidroeléctricas y de gas, además del secuestro de policías, no pueden explicarse como obra del venezolano únicamente. Chávez metió leña en un fuego que ya estaba muy bien alimentado. No podemos decir que sólo Chávez, sólo Chávez. Eso suena a "sólo son abigeos".

 

Aunque se habló de la renuncia de Simon y de Cabanillas, la única que dejó el gabinete fue la titular del Ministerio de la Mujer, Carmen Vildoso, quien alegó no estar de acuerdo con la manera como se había manejado el problema. El ex premier Jorge del Castillo y otros miembros del partido de la estrella se le fueron encima con acusaciones que algunos calificaron de poco caballerosas. Nidia Vilches dejó el Ministerio de la Vivienda para reemplazar a Vildoso y el alcalde de Magdalena, Francis Allison, ocupó Vivienda.

 

La conferencia de prensa que brindó la "Pocahontas" Q'orianka Kilcher (nacida en Alemania, de raíces suizo-peruanas, criada en Hawaii y en Los Ángeles), quien defendió en inglés los violentos reclamos de los nativos, sin animarse a balbucear una palabra en castellano (y, desde luego, ni una palabra en la lengua de los indígenas), y sin saber de qué se trataban los decretos legislativos ni cuántos policías habían muerto, resultan anecdóticas tras la matanza.

 

En realidad, el problema es muchísimo más serio. Los hechos acecidos en Bagua han dejado en evidencia una serie de debilidades que padece el Perú como república, como estado y como nación, además de la falta de pericia de este gobierno para manejar y solucionar las crisis.

 

Finalmente, no podemos exonerar a los nativos de la culpa por la atroz crueldad con que asesinaron a los 24 policías sosteniendo que esas son sus leyes culturales y que tenemos que entenderlos. Habría resultado igual de condenable si los policías o los militares hubieran entrado a sangre y fuego y desalojado a los indígenas por la fuerza.

 

El gobierno dio un paso atrás para y aceptó la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090. ¿Será el fin de la pesadilla? ¿O en unas semanas o meses o años nos despertaremos y veremos los siniestros fantasmas que creíamos muertos emerger de carne y hueso? Una vez más, sólo el tiempo lo dirá.
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