BRECHA EN INFRAESTRUCTURA

A diferencia de su homónimo famoso, Raúl Romero de 35 años no tiene el privilegio de contar con los servicios básicos en su vivienda del sector B del asentamiento humano Pachacútec, en Ventanilla. Y es que a duras penas, tras varias gestiones de sus vecinos, la luz se hizo realidad no hace mucho y solo en su sector.

Como a él, a Norma Lamas en un recóndito caserío en la selva de nuestro país, la sola idea de gozar del servicio de agua y saneamiento le resulta mucho más lejana, que los meses que deben pasar para que se entere de las decisiones que en Palacio de Gobierno se toman para enrumbar el destino del país en época de crisis.

Y, sin ir muy lejos, a Juan García, las cerca de tres horas que le toman llegar desde su casa en el centro poblado de Espíritu Santo, en Huarochiri -en la sierra de Lima- al centro de la ciudad, a menos de 70 kilómetros de distancia, ponen en evidencia la necesidad de lograr una mayor inversión en infraestructura de transportes, en este caso de carreteras.

Lo que sucede con Raúl, Norma y Juan se repite con frecuencia en el día a día con millones de peruanos, y pone en evidencia la diferencia entre la infraestructura actual (transportes, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento) y la infraestructura objetivo, además de reflejar las enormes diferencias entre las facilidades que gozan los pobladores de la urbe con los que viven varios kilómetros más adentro.

Si bien, como señala Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), desde el 2005 hasta la fecha, la evolución de la ejecución de la inversión privada en infraestructura ha avanzado fuertemente en el país, cuando de servicios públicos (saneamiento y electricidad) se trata, el rol del Estado como promotor de la inversión privada es más que necesario.

MÁS QUE SERVICIOS BÁSICOS

Más aun cuando, mientras una persona que acaba de adquirir un departamento, contará con los servicios primordiales para su aseo e higiene personal, por mencionar una necesidad básica, para Raúl la situación seguirá siendo diferente, puesto que en el lugar donde vive -al igual que en decenas de lugares de la capital- el servicio de agua potable y alcantarillado es limitado.

Es que a diario, personas como él y como Carmen -pobladora del sector D del asentamiento humano Pachacútec- compran hasta por S/. 1.50 el barril de agua, en tanto que quienes corren con 'mayor suerte' han acondicionado tuberías que les proveen del líquido elemento que se sustrae de algunos pozos que fueron construidos por la municipalidad de su distrito.

Pero, la misma situación se repite cuando de energía eléctrica se habla. Y es mientras un lunes por la mañana usted o yo, en pleno centro de la ciudad, nos alistamos para acudir a nuestros centros de trabajo, en otra parte de la capital -sin irnos muy lejos- un grupo de pobladores se preocupan por construir lo que en unos días se convertirá en la caja que proveerá de luz muchas familias vecinas.

Así, lo que pasa con Raúl en Pachacútec con servicios tan fundamentales como el agua y la luz, o lo que ocurre con Juan en el centro poblado de Espíritu Santo o con Norma en un recóndito caserío en la selva, no es más que el reflejo de lo que AFIN advirtió hace años atrás en su libro "La Brecha en Infraestructura".

En esa oportunidad, en el 2003 para ser más exactos, la brecha ascendía a más de US$ 18,000 millones, mientras dos años después, en el 2005, el monto de la brecha en inversión en infraestructura ascendió a US$ 22,879 millones.

RESULTADOS DESALENTADORES

Y, cuatro años después, elaborado nuevamente por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la actualización al 2008 del estudio 'El reto de la infraestructura al 2018', revela que el monto calculado de la brecha total asciende, al año pasado, a US$ 37,760 millones, monto que representa aproximadamente el 30% del PBI logrado un año atrás.

Convertido en un esfuerzo por proyectar la inversión que requiere el Perú para cerrar la 'brecha de infraestructura' estimada usando un horizonte de 10 años, este documento supone el reto que enfrenta el Perú para crear las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de largo plazo del país.

Es más, los más de US$ 37 mil millones estimados en el estudio permitiría que la provisión de esta infraestructura básica alcance niveles de suficiencia, considerando las demandas estimadas de la población y de la actividad económica hacia el año 2018.

"La existencia de infraestructura adecuada resulta importante para el sostenimiento tanto del crecimiento que el Perú ha tenido en los últimos años como del mejoramiento de la calidad de vida de la población, pues la creciente apertura comercial y la actual crisis económica internacional requieren de un elevado nivel de competitividad y de progreso social, que permita mantenernos a la par de las condiciones existentes en países comparables", sostiene el documento.

BRECHA POR SECTORES

Según los resultados arrojados por el IPE, el sector transportes (redes viales, aeropuertos, ferrocarriles y puertos) con una brecha de inversión de US$ 13,961 millones, representa el 37% de la brecha total, convirtiéndose en la actividad donde más retrasos se observa.

Haciendo un desagregado de los resultados en este sector, las redes viales representan el 52% de la brecha sectorial y su déficit de inversión alcanza los US$ 7,375 millones. Situación que se torna más preocupante después de conocer que solo un 14% de la red vial peruana (79 mil Km.) es asfaltada  y coloca al Perú en el puesto 99 de 134 países en calidad de vías, según el último reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

Mientras que en el caso de puertos, cuyo déficit en inversión alcanza los US$ 3,600 millones, si bien en la actualidad se continúan realizando importantes inversiones privadas, el puerto más importante del país, el Callao, aún adolece de infraestructura portuaria adecuada, motivo por el que resulta imprescindible promover una participación más activa del sector privado, además de mayores niveles de inversión, para elevar la competitividad.

AGUA Y SANEAMIENTO

Aunque lo que sucede con Raúl en Ventanilla, es un claro reflejo de las amplias necesidades en cuanto a dos servicios básicos fundamentales como agua y saneamiento, la brecha en este sector asciende a US$ 6,306 millones y representa el 16.7% de la brecha total.

Cabe señalar que a nivel nacional la cobertura de agua potable alcanza al 77% de la población, siendo la región Ucayali, con apenas 41.8% de cobertura, la que menor nivel de alcance registra según la Entidad Prestadora de Servicios y Saneamiento (EPS), mientras que las regiones de Lima y Piura requieren US$ 588.7 millones, en conjunto, para mejorar su cobertura.

En tanto, en el caso del alcantarillado la situación se torna más preocupante, puesto que con 62% de cobertura a nivel nacional la región Ucayali se corona nuevamente como la de menor cobertura (37%), siendo las regiones de Lima y Piura, también, las que necesitan un mayor nivel de inversión.

Resulta preciso aclarar -a decir de AFIN- que las grandes diferencias que existen entre las zonas urbanas y rurales, encuentran respuesta tanto en la baja capacidad de atención de las necesidades como en las deficiencias en la administración del recurso, sobre todo porque fuera de las zonas cubiertas por las EPS, en áreas rurales principalmente, el servicio está a cargo de organizaciones comunales sin mayor tecnificación ni capacidad.

ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL

Respecto al sector eléctrico, otro de los dolores de cabeza más comunes para las poblaciones del interior del país, este representa el 22% de la brecha total con US$ 8,326 millones, dinero que se requiere para generación, transmisión y cobertura o distribución.

Al respecto, el IPE advierte que la próxima reactivación de la economía implicará la elevación en los niveles de producción en el país, por lo que se necesitarán alrededor de US$ 5,183 millones, más del 60% del total, para aumentar la capacidad de generación y continuar con la sostenibilidad y avance de los sectores productivos.

Debido a que el gas natural todavía es una industria muy joven para efectuar comparaciones con otros mercados de la región, a efectos de considerarlo como brecha el estudio ha considerado a las inversiones identificadas en todas las etapas de la industria. Así, el 9.9% del total (US$ 3,721 millones) representa la brecha de futuras inversiones.

TELECOMUNICACIONES

Pese a que las telecomunicaciones se han convertido en los últimos años en un sector con un crecimiento notable, debido a la necesidad de una mayor conectividad, el continuar invirtiendo en infraestructura adquiere una relevancia particular si se toman en cuenta las metas de desarrollo que a largo plazo se ha trazado el país.

De esta manera, la brecha de inversión en infraestructura en el sector telecomunicaciones representa el 14.4% del monto total, es decir, de los US$ 37,760 millones alrededor de US$ 5,446 representan las necesidad de inversión de este sector. De los cuales US$ 1,344 millones son para telefonía fija y US$ 4,102 millones para telefonía móvil.

Esto, a pesar que la densidad de telefonía fija ha tenido un aumento significativo pasando de 7.4 en el 2004 a 10.3 líneas por cada 100 habitantes al 2008, mientras que en lo que respecta a telefonía móvil, se ha pasado de 14.9 en el 2004 a 74.9 líneas al 2008.

FACILIDADES PARA INVERTIR

En ese sentido, resulta necesario -como bien señalan en AFIN- generar un ambiente propicio para la llegada de inversionistas. ¿De qué manera? Pues, mejorando la eficiencia de los procesos ligados a la inversión y eliminando las barreras y trabas burocráticas que restringen la expansión en infraestructura.

"Si queremos elevar nuestros niveles de competitividad, convertirnos en el puerto y aeropuerto HUB de Sudamérica, mejorar los niveles de vida y calidad de la población, generar empleo y aprovechar el momento económico, es necesario generar los incentivos necesarios para una mayor inversión, eliminando trabas y barreras burocráticas, actuando dentro de los límites del Estado de derecho", sostienen.