¿FESTÍN DE DECRETOS O VERDADERA REFORMA DEL ESTADO?

Temas laborales, ambientales, agrícolas, de infraestructura y comercio fueron considerados en la dación de los decretos. Sin embargo, los ítems principales son los concernientes a la reforma del Estado, teniendo en cuenta que son el "cambio base"  para lograr una verdadera eficiencia en la actual gestión. En este ámbito, el Poder Ejecutivo publicó varios decretos legislativos directamente relacionados con la reforma del Estado, algunos de los cuales, según algunos analistas, poco tienen que ver con el motivo de las facultades.

Al respecto, el congresista Washington Zeballos Gámez considera también que el Poder Ejecutivo cometió un abuso de las facultades delegadas al emitir tal cantidad de decretos y propone que sean revisados al detalle por las comisiones ordinarias a fin de que sean modificados de ser necesario. Al margen del destino que finalmente tengan cada uno de los decretos, es necesario conocer sobre qué versan y cuán efectivos pueden ser para conseguir la verdadera modernización del Estado.

A vender se ha dicho

El Decreto Ley 1009 dispone el ordenamiento de los locales  de las entidades del Poder Ejecutivo y autoriza al gobierno a vender los inmuebles que hoy posee. Para esto, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) ya tiene elaborado un plan completo para poner en venta, mediante subasta pública, más de un inmueble del Estado. La idea es que se vendan los locales ubicados en las zonas donde el metro cuadrado está muy bien cotizado. Y dar paso así a construcciones que la empresa privada desee, contribuyendo al desarrollo nacional.

El superintendente, Jorge Villanueva aduce que el Estado tiene una cantidad extensa de terrenos y que el espacio que ocupa cada empleado es altísimo. Esto además de las inmensas playas de estacionamiento que constituyen una clara pérdida de dinero que podría tener un mejor uso. Un ejemplo del plan de venta inmobiliario propulsado por el gobierno, es la jugosa venta del inmueble de 25 mil metros cuadrados del Ministerio de Educación, en San Borja. El Grupo Brescia pagó 13 millones 240 mil dólares para construir un complejo de viviendas.

Pero, ¿a dónde se destinará el dinero obtenido de estas subastas? Si bien la idea es construir nuevas sedes ministeriales y de entidades estatales, algunos especialistas consideran que también sería beneficioso invertir en espacios públicos en los conos de la ciudad que son zonas de crecimiento desordenado y con escasos espacios saludables.

Regiones vs minería

El Decreto Ley 1040, modifica la ley de formalización de la pequeña minería y sostiene que los Gobiernos Regionales serán los encargados de buscar la formalización de este sector artesanal. Adicionalmente, un segundo dispositivo autoriza a los concesionarios mineros a reutilizar sus pasivos y un tercero los obliga a contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para instalar depósitos de concentrados.

Lo novedoso de este mecanismo legislativo es que el Ministerio del Medio Ambiente podrá revisar aleatoriamente los EIA aprobados por los Gobiernos Regionales para contribuir al fortalecimiento y transparencia del sistema de evaluación. De esta manera, se espera asegurar la viabilidad de los proyectos de inversión y la calidad de vida de las poblaciones.

Un detalle importante es que este decreto establece nuevos requisitos para ser considerada "pequeña minería y minería artesanal". La norma dispone que las actividades de Pequeño Productor Minero y Minero Artesanal podrán ser realizadas solo por personas naturales o jurídicas que busquen incrementar sus ingresos de subsistencia -cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras- por lo que la gran y mediana minería no podrán acogerse a estos incentivos.

Esta norma ha sido aceptada y aprobada por la pequeña minería, teniendo en cuenta que durante años las grandes y medianas empresas han gozado de los beneficios del régimen especial de la minería artesanal, en lo concerniente al pago de regalías y derechos de vigencia.

Capacidades en evaluación

El Decreto Ley 1023 crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil que según el propio Presidente de la República, constituye un "paso decisivo en el proceso de reforma, que nunca antes se había dado en el país". Esta norma señala que todos los empleados públicos serán continuamente capacitados, deberán pasar un examen cada dos años y una evaluación de su expediente laboral.

Se considera que serán aproximadamente 800 mil los funcionarios, en los que está incluido el mismo Jefe de Estado,  que deberán preocuparse por mejorar constantemente sus capacidades. "Buscamos simplemente, cambiar las malas costumbres del Estado peruano, su partidarización, y su captura por grupos políticos familiares, por grupos de interés. Terminar con el favoritismo", sostuvo García Pérez luego de anunciar el decreto.

A esta medida se suma la creación de un cuerpo de 100 ó 200 gerentes públicos, que serán seleccionados por organizaciones técnicas como las universidades y que podrían gozar de un sueldo 30 por ciento mayor que el de los ministros. Sobre este punto, el consultor del Ministerio de Trabajo, Carlos Castillo Sánchez, explica que esta medida no significará una excusa de despido y que todos los servidores públicos serán capacitados antes de ser evaluados.

"Es que la norma no ha sido hecha con ese ánimo -de los despidos- sino todo lo contrario. Se trata de potenciar las capacidades antes de cualquier remoción. Si un trabajador se nota que no cumple adecuadamente con las funciones que su cargo requiere, será capacitado, y luego será evaluado", explica.

Sin embargo, existen aún muchos temores sobre el particular, así como preguntas que no han sido respondidas de manera convincente. ¿De dónde saldrá el dinero para la capacitación? ¿Cuál será el criterio de capacitación y bajo qué mando? ¿Se respetarán realmente las capacidades dejando de lado cirterios partidarios? Es preciso tener en cuenta que el titular de Trabajo, Mario Pasco, señaló que este conjunto de normas son a largo plazo. El titular habló de proximadamente 10 años, tiempo más que suficiente para generar el éxito o el caos en el sistema laboral.

CEPLAN

El Decreto Ley 1087, crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), un organismo técnico que se suma a los tantos ya existentes y que debe desarrollar políticas a largo plazo que contribuyan al desarrollo del país.

Aunque sus decisiones no serán vinculantes, su creación ya ha generado más de una controversia. Su importancia es indiscutible, sin embargo, la manera en como se constituirá y desarrollará generan temores. Aumento de la burocracia, designaciones a dedo, falta de representatividad son algunos de los puntos álgidos en la creación del. CEPLAN, cuyo Consejo Directivo no incluye a los gobiernos locales.

Precisamente, el presidente de la Asociación de Municipalidades (AMPE), César Acuña, advirtió sobre esta carencia que dificultará la labor asignada al CEPLAN por el Acuerdo Nacional de monitorear el cumplimiento de las metas en materia de lucha contra la pobreza. ¿Cómo hacerlo si no tienen representación local, entidad encargada de la adminsitración de varios programas sociales?

Para el ex presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, Fernando Villarán, el Consejo Directivo de este organismo debe ser técnico, actuar con cabeza fría y sin presiones partidarias, por lo que está de acuerdo con descartar la presencia de los partidos políticos, tal y como lo establece el Decreto Legislativo 1088.

Sin embargo, para el especialista en temas de desarrollo, Carlos Hertz, el excluir a estas autoridades significaría liberarlos de toda responsabilidad. Similar opinión tiene el coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana, Javier Azpur, quien sostiene que el trabajo del CEPLAN es de largo plazo y va más allá del gobierno de turno. "La idea de incluír a los partidos políticos es para debatir con sus técnicos los proyectos de mediano y largo plazo del país en su conjunto, no del gobierno", señala.

Pero también existen opiniones a favor de este organismo creado en realidad en el año 2005, pero cuya puesta en marcha se postergó inexplicablemente.
Para el experto en descentralización Gerardo Távara, este organismo fomentará la articulación y el consenso entre las entidades del Estado y el sector privado. ¿Podrá lograrlo aunque sus decisiones no sean vinculantes? Solo el tiempo lo dirá.

Otros decretos

Las facultades otorgadas al Ejecutivo sirvieron para la dación de otros decretos legislativos, que aunque menos controversiales, también contribuirán supuestamente con la modernización del Estado. Y aunque no están directamente relacionados con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, es importante destacarlos.

Entre ellos tenemos el Decreto Ley 1006, que permite obtener recursos del Estado para compensaciones a través de la Bolsa de Productos. También el Decreto 1026, que establece un Régimen Especial Facultativo para los Gobiernos Regionales y Locales que deseen implementar procesos de modernización institucional; y el 1018, que crea el organismo supervisor de las contrataciones del Estado en reemplazo de Consucode, entre otros.

Son varias las normas que quedan en debate y que deberán ser reglamentadas antes de fin de año. Esperemos que este conjunto de decretos constituya una verdadera disposición de la voluntad del gobierno de avanzar significativamente en la modernización del Estado y que no se conviertan en fiel ejemplo del ya conocido refrán "el papel aguanta todo".

Más datos

v  El constitucionalista Francisco Eguiguren opina que muchos de los decretos emitidos por el Ejecutivo regulan situaciones permanentes que no debían estar comprendidas porque poco tienen que ver con el TLC, como aquellos relacionados con la admnistración pública y la educación. Por ello, consideró que esta actitud es inconstitucional y  que el Ejecutivo podría ser censurado por mal uso de sus atribuciones.

v  La  especialista en temas de reforma del Estado, Pierina Pollarolo, quien participó en el grupo de trabajo que elaboró los decretos sobre el servicio civil, señala que este tema ha sido tratado de manera muy abstracta en los últimos años, pero los últimos decretos aprobados servirán para la modernización de los diferentes ámbitos del Estado.

v  El Banco Interamericano de Desarrollo destinará 50 millones de dólares para la constitución inicial del CEPLAN.

v  El Consejo Directivo del CEPLAN estará integrado por un representante del Presidente de la República, dos representantes propuestos por el Presidente del Consejo de Ministros, uno por el sector Economía, dos de universidades, otro de los Colegios Profesionales y uno de las regiones.