Lunes 13 de enero 2025 | Contáctenos
Esto redunda en ineficiencia y desorden de la gestión estatal, en su capacidad para interactuar y en formular e implementar políticas públicas sólidas, lo cual facilita y alienta la corrupción, la violencia social y el narcoterrorismo.
El pasado 29 de junio el Banco Mundial dio a conocer en Washington su informe anual "Los indicadores mundiales de buen gobierno-2009", el cual evalúa el rendimiento en materia de gobernabilidad de 212 naciones del mundo durante el año 2008, a través del cumplimiento (en porcentaje de 0% a 100%) de los siguientes indicadores que influyen sobre el desarrollo y nivel de vida de la población.
Indicadores: 1) Voz y responsabilidad (rendición de cuentas): derechos políticos, civiles y humanos; 2) Estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo: probabilidad del gobierno de estar sujeto a amenazas violentas; 3) Efectividad gubernamental: grado de competencias de la burocracia y servicios públicos; 4) Calidad regulatoria: incidencia de políticas desfavorables para el mercado; 5) Aplicación del derecho: ejecución de contratos, desempeño de la policía, tribunales, independencia del poder judicial e incidencia del delito; y 6) Control de la corrupción: abuso del poder público en beneficio privado.
La situación en el Perú con respecto a estas seis dimensiones no es nada positiva. En estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo hemos reducido notablemente el porcentaje de cumplimiento a 19.1%, menor nivel que hace 10 años (22.1%). En aplicación del derecho hemos descendido durante los últimos cinco años hasta 25.8%, e igualmente en control de la corrupción en los últimos 3 años hasta 49%, a diferencia de Chile (87%) y Uruguay (84%).
En el último informe Latinobarómetro 2008, ocupamos el último puesto en Latinoamérica con el menor porcentaje de percepción en la reducción de la corrupción (17%). En voz y responsabilidad, mantenemos 49% con tendencia decreciente desde el año 2002 (53.4%). Solo hemos mejorado en efectividad gubernamental de 39 a 46% y en calidad regulatoria de 58% a 62%.
Estos resultados muestran en general muy bajo nivel de cumplimiento de los principales indicadores de gobernabilidad, lo cual redunda en ineficiencia y desorden de la gestión estatal, en su capacidad para interactuar con las instituciones sociales y económicas y en formular e implementar políticas públicas sólidas, lo cual facilita y alienta la corrupción, la violencia social y el narcoterrorismo.
Además dichos indicadores evalúan la autoridad que ejerce el gobierno en el país, lo que se relaciona con la legitimidad del ejercicio del poder y representación de la población, cuyo mal manejo ocasiona deficiencias de gobernabilidad para enfrentar conflictos sociales tal como lo sucedido en los graves hechos de violencia en Bagua y anteriormente en Moquegua y Puno.
En este contexto el gobierno debería considerar que los logros económicos no son por si solos suficientes para sostener la gobernabilidad; debe entender que esta se logrará únicamente a través de una profunda reforma del Estado que tenga como objetivo central la equidad, justicia social e inclusión.
Se debe impulsar las políticas públicas sólidas y medidas de gestión para aumentar la transparencia y probidad; combatiendo el clientelismo y la corrupción; fortaleciendo las instituciones públicas; ordenando la pesada estructura burocrática; mejorando los recursos humanos e institucionalizando la participación ciudadana con solidaridad y equidad en sus demandas, entre otras.
Solo así el Estado podrá dirigir al país hacia un desarrollo sostenido, al incremento del nivel de vida y a la mitigación de la pobreza, de forma tal que la ciudadanía pueda tener las condiciones esenciales para ejercer el libre ejercicio de sus derechos.