BARRAS BRAVAS: NO A LA IMPUNIDAD

En medio de la justificada consternación que aun nos embarga como consecuencia de la muerte de la joven María Paola Vargas, la cólera generalizada que siguió a su trágico deceso, comienza a ceder espacios para que otro tipo de apreciaciones emerjan a fin de encarar de otra forma el grave problema que le plantean al país los colectivos de jóvenes denominados Barras Bravas. No podía ser diferente, la ola de legítima indignación tenía que dejar el lugar a la necesaria mesura y reflexión que se exigen en este tipo de dolorosas situaciones.

Esto, en un contexto en el que otra clase de problemas también concitan el interés de segmentos importantes de la opinión pública, compitiendo por las primeras planas y los lugares centrales en los noticieros radiales y televisivos. Así, vemos como las disculpas de la periodista Magaly Medina, la falta a la verdad que habría cometido el congresista Gustavo Espinoza mintiendo sobre el nivel de su formación académica, el viaje a Francia de algunos Vocales Supremos financiado por una universidad... se codean con la noticia que aun genera ira, desconcierto y, por ende, preocupación.

Dadas así las cosas, a medida que el tiempo inexorablemente avanza, en medio del interés que hoy también suscita la captura de “Bolón”, el barrista sindicado como el responsable de la muerte de María Paola, más de uno se interroga en nuestra sociedad, donde aún resuena la música del “festejo” debido al hallazgo de nuevos yacimientos de gas natural en el ya célebre Lote 58, si otros con mayor responsabilidad en el país, más allá de la presunción de inocencia, no deberían ponerse a derecho a fin de responder por los cargos que habiéndose ventilado públicamente se les imputan.

¿Tienen acaso más derecho que este joven barrista? Más de uno se pregunta, si algunos padres de la patria, escudados en la denominada inmunidad parlamentaria, son miembros de un colegiado que está lejos del alcance de los brazos de la ley. ¿Acaso los jueces merecen un trato especial por parte de la ley?, induciéndonos a pensar que por el simple hecho de serlo sus actos no pueden estar sometidos al escrutinio y censura pública como merecen... ¡No! La respuesta es categórica y bajo ningún término negociable. ¡No!, nadie debe ni puede estar sobre la ley. Nadie...

Señores, el país que todos deseamos construir necesita de algo más contundente que el solo uso de la fuerza pública a fin de resolver problemas como los de la marginación, violencia juvenil y social que ensombrecen hoy el horizonte nacional. Nuestro país necesita que el imperio de la ley se imponga sobre todos sus ciudadanos a fin de que, imponiéndose, se establezcan de una vez por todas los sólidos cimientos de un verdadero estado de derecho... He ahí, desde nuestra perspectiva, la idea que, a medida que los días pasan, gana terreno en la opinión de la gente.