El gobierno español se propuso hace unos meses el cambio del modelo de financiación de RTVE, anteriormente basado en subvenciones estatales y recursos publicitarios, cambio que convierte en desafío la gestión y administración de la cadena pública, pues implica también severas limitaciones en su acceso a los contenidos audiovisuales del deporte y el cine.
El nivel alcanzado por RTVE ha determinado que el gobierno español conceda suprema importancia a la elección de la persona a su mando, con perfil menos político y más institucional. Al punto tal que Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, los principales líderes políticos nacionales, se han puesto de acuerdo en el nuevo presidente de RTVE.
Será Alberto Oliart, ex ministro de Industria y Energía y de Sanidad y Seguridad Social con Adolfo Suárez y ex ministro de Defensa con Leopoldo Calvo Sotelo.
La Moncloa ha puesto de relieve que en el nombramiento de Oliart está implícito "un reconocimiento a la generación que hizo la transición" en España. Además RTVE, con la nueva ley de financiación y sin publicidad, entra en una nueva etapa "más institucional y menos competitiva" y que en ese contexto "encaja el perfil de Oliart, una persona de gran autoridad moral y con sentido de Estado”.
Estamos hablando de una televisión pública que como la británica, la francesa y la alemana, no dará prioridad a la competencia comercial o al mayor rating, sino a la calidad de gran servicio público, con mejores contenidos educativos, culturales, científicos e infantiles.
Con el nombramiento de Oliart, y el acuerdo de Zapatero y Rajoy, se pone al frente a un hombre de Estado, veterano, de 81 años de edad, un histórico centrista para pilotar un servicio público prioritario. Un político sin experiencia en medios de comunicación pero con una prolongada trayectoria de gestión en diferentes instituciones públicas.
Será el segundo presidente de la televisión pública elegido por el Parlamento bajo propuesta política y accederá al cargo con el apoyo de las dos principales formaciones políticas. Antes será designado consejero de RTVE por el pleno del Congreso de los diputados con una mayoría calificada de dos tercios y pasará el examen de la comisión mixta de control.
Esta forma de elección da idea de la importancia que se otorga a la televisión pública en esos países. Veamos. El máximo órgano de gobierno de RTVE está compuesto por 12 vocales, incluido el presidente, de los cuales cuatro fueron elegidos por el Partido Popular, PP, y dos por el Partido Socialista, PSOE, mientras que los grupos políticos menores y los sindicatos cuentan con sendos consejeros.
Tras el acuerdo del Congreso, Alberto Oliart será nombrado presidente de la corporación por el propio consejo de administración de la compañía.
Oliart se manifestó en sus primeras declaraciones como un firme defensor de la "objetividad y la neutralidad" de los medios públicos de comunicación y dijo que en una sociedad tan plural como la española y con tendencias tan distintas, la radiotelevisión pública tiene que ser "lo más aséptica posible".
Gestionará un presupuesto de 1200 millones de euros, siete cadenas de televisión, cinco de radio y una emergente división de medios interactivos y a sus órdenes estará una planilla de 6,400 trabajadores.
Como auténtica televisión pública su programación deberá ser enfocada sin ambiciones políticas ni fidelidades partidarias; RTVE no será escenario de batallas entre partidos aunque su Consejo de Administración aún responda a cuotas partidistas. Como aconsejan los expertos, los consejeros deberán ser elegidos entre personas de prestigio con relevantes méritos profesionales.
Un presidente de una cadena de televisión pública reviste tal importancia que, elegido por consenso entre los dos partidos, tiene posibilidades reales de gobernar como un valor en sí mismo, frente a la tradición de directores condicionados por sus fidelidades políticas al gobierno de turno.
Y esto es un cabal reconocimiento a la inmensa importancia de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, en el momento presente. Así la relación entre poder político y poder mediático encuentra solución en el presente caso español, con evidente habilidad política y esencial sentido social.