SOBERANÍA, DESARME Y PACIFISMO

No hay un  sistema de seguridad colectiva como el que soñaron los fundadores de la ONU, tampoco se ha instalado un uso más racional, socialmente hablando, de los recursos con que cuenta cada país. Superar la pobreza y la desigualdad y restaurar la armonía con la naturaleza siguen siendo desafíos que cada región y cada país afrontan como pueden.

Hay irracionalidad cuando los presupuestos de defensa de casi todos los países, grandes o pequeños, son hoy mayores que antes, y cuando la forma de resolver los conflictos apela más a la confrontación que a los acuerdos que deberían ser, a estas alturas de la evolución de la humanidad, aspecto común y corriente de las relaciones internacionales.

No lo son y por esta razón tiene un espacio optimista la propuesta peruana denominada “Protocolo para la Paz, Seguridad y Cooperación", que busca limitar el armamentismo en la región. Por ello también está recibiendo el mayor respaldo internacional al punto que podría ser llevada a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, así como a otros foros mundiales para ir haciendo conciencia del tema del desarme en un contexto continental de lucha contra el hambre y la miseria. 

La cruzada internacional, ya iniciada con algunos ministros del Gabinete, lleva la propuesta de Alan García a diversos países a fin de consolidar un proceso de no agresión basado en el desarme relativo en América Latina para priorizar la guerra contra el verdadero enemigo social que es la pobreza. Se trata de priorizar la agenda social que podría contar con mayores recursos si estos dejan de ir hacia el armamentismo.

Alan García ha asumido en este aspecto un liderazgo continental. Ya lo planteó en la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Un pacto de no agresión en la región que al tiempo que garantice la paz ponga freno al excesivo gasto militar que vienen realizando algunos países en los últimos años, en especial Chile, único país que ha manifestado abiertamente su desacuerdo. El planteamiento incluye el compromiso de organizar una fuerza de intermediación en caso de conflicto entre países y una fuerza de paz y seguridad frente a una amenaza externa.

A nadie extraña que la ONU y la Unión Europea muestren interés en la propuesta peruana, desde que ambas instancias internacionales están comprometidas con el espíritu post segunda guerra mundial inspirado en el desarme y el arreglo pacífico de los conflictos, tal como lo expresara la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner. Más aún cuando la argumentación apela a la necesidad de contar con mayores recursos para erradicar la pobreza que asola todo el continente considerado como el más desigual del mundo.

La posibilidad de una conflagración bélica en los países de Sudamérica es felizmente remota y a pesar de ello la propuesta peruana tiene sus seguidores aunque algunos consideren que no se justifica la creación de la fuerza de paz. El planteamiento es de principio válido ante el excesivo gasto en armamentos que se registra en la región.

Sensatez, serenidad y buenas intenciones son importantes para detener la carrera armamentista pero todo ello se resquebraja cuando incidentes como el del reciente espionaje de un oficial pagado y auspiciado por Chile demuestra que el armamentismo sigue siendo una amenaza para la paz en Sudamérica. Y que, por tanto, se hace necesario el control en las compras militares que suponen millones de dólares en adquisiciones para la muerte en detrimento de los recursos para la vida.

Aunque los recientes acontecimientos han tensado las relaciones, lo que hace que la propuesta pueda parecer con nombre propio, el planteamiento no es un pacto de no agresión entre Chile y Perú. Se trata y hay que recordarlo claramente de un pacto de no agresión entre todos los países de Sudamérica, de un acuerdo que contribuiría a la integración real sin los temores bélicos que se desprenden de toda carrera armamentista como aquella que al parecer despliega nuestro vecino del sur.