LA REFORMA UNIVERSITARIA

En plena globalización, cuando el conocimiento y la información se erigen en instrumentos para el desarrollo y la productividad en todo el mundo, nuestro país debería estar en condiciones de aprovechar la revolución del conocimiento y la tecnología para orientar una profunda reforma del sistema universitario que nos instale en la competitividad de los que más saben.

Las universidades existen para todos los gustos y bolsillos y surgen hasta debajo de las piedras. Suspender la autorización de nuevas universidades es saludable en el camino de lograr la transformación de la educación universitaria.

Lo ha dicho bien el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, Werner Cabrera, al saludar la coincidencia del Consejo de Ministros con el Congreso para suspender el decreto legislativo con el cual Alberto Fujimori convirtió la educación en negocio rentable para la inversión privada.

¿NEGOCIO O SERVICIO?

La educación no puede ser gratuita para todos pero tampoco puede ser tratada como un simple negocio. Es evidente que quienes desean un mejor nivel educativo pueden recurrir a los centros privados que manejan presupuestos mayores que los de las universidades públicas, pero las universidades privadas no pueden orientarse solo por la rentabilidad olvidando que cumplen un servicio de interés social.

Cabrera cuestiona el Decreto Legislativo 882 como generador del desorden en la legislación universitaria que ha alentado malamente la proliferación de universidades en todo el país sin la debida calidad académica. Los altos costos no garantizan las mejores formaciones profesionales.

La verdadera reforma de la educación universitaria implica un debate sobre la legalidad y la calidad de la educación superior, pregrado y postgrado. La legislación que tenemos es antigua y confusa. Es urgente reemplazar la Ley Universitaria, que tiene más de 25 años, y ello podría ser una consecuencia positiva del escándalo de Alas Peruanas.

Y es que lamentablemente la categoría universitaria se ha venido otorgando a los grupos empresariales como favor político. Por ello hay universidades que funcionan en garajes y presumen de filiales en todo el país sin que se acredite la formación que imparten.

Una verdadera sobreproducción de médicos sin idoneidad son verdaderos peligros públicos para la salud. También hay sobreproducción de abogados y profesionales que salen de facultades de derecho, administración y ciencias agrarias sin tener en cuenta las necesidades del país.

Emergen jóvenes estafados con una educación que no les servirá para conseguir ubicación en el competitivo mercado del trabajo. Médicos y abogados están entre los mejores y más ilustrados taxistas de la capital.

DOCENTES EN HUELGA

En las universidades públicas los profesores continúan en huelga por mejores haberes, pues un sueldo exiguo no es estímulo para profesores de alta calidad académica. Los mejores suelen ser ganados en algunas buenas universidades privadas perjudicando a los estudiantes pobres que deben aceptar una formación de menor nivel.

En cuanto a infraestructura, equipos, laboratorios y otros elementos importantes para la formación y capacitación profesional, la universidad pública es mendicante con presupuestos exiguos y las universidades privadas ostentan costos sumamente altos que las hacen exclusivas y excluyentes.

Pero el aspecto fundamental, como bien ha precisado Werner Cabrera, es evaluar y acreditar la calidad universitaria a partir del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau) y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Un conglomerado de siglas en el que difícilmente encontramos un feliz cumplimiento de la supervisión de la calidad académica universitaria.

Es el momento de poner el tema en el debate político. La investigación a Alas Peruanas y a otras siete universidades, entre las que figuran San Agustín de Arequipa, Universidad Privada de Iquitos, Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” y la Universidad Los Ángeles de Chimbote, debe abarcar algunas otras en las que irregularidades y malos manejos están a la vista.

MÉDICOS A LA CARTA

En 1958 había en el Perú tres facultades de medicina, todas ellas públicas. De 1960 a 1990 se crearon otras 11 (cuatro privadas y siete públicas), y de 1990 a 1998 se establecieron 14 nuevas facultades (ocho privadas y seis públicas).

Para detener este irracional crecimiento, en 1999 se suspendió la creación de nuevas facultades. La acreditación se aplica, pues, a los 28 centros académicos (12 privados y 16 públicos) que existen actualmente en el país para la formación de médicos. Lo anota José Ignacio López Soria en un calificado ensayo sobre acreditación y certificación universitaria.

La acreditación no es el simple cumplimiento de los requisitos para la autorización o continuación de las actividades académicas, se refiere a estándares de calidad que deberían ser equivalentes a los internacionales.

Al momento de acreditar se verá que no todas las facultades de medicina merecen serlo pues ello significaría aceptar la falta de idoneidad, pero sobre todo aceptar el riesgo de los pacientes que caen en manos de profesionales ineficientes. En medicina la ausencia de formación es más grave pues se juega con la vida de seres humanos lo que no sucede con otras especialidades.

La acreditación no es un simple expediente burocrático. Revisar y proponer estándares de acreditación y de evaluación de las universidades y difundir la necesidad de la evaluación y autoevaluación son atribuciones que no pueden ser letra muerta.

La oferta y demanda de estudios de postgrado determina que, con honrosas excepciones, sean verdaderos negocios. El competitivo mercado de maestrías y doctorados los ha convertido en requisitos indispensables para el ingreso laboral, el ascenso o el aumento.

La demanda es muy grande a pesar de las deficiencias que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) ha detectado, pues una gran mayoría de los estudios que se ofrecen es inadecuada a las necesidades del desarrollo y al progreso científico tecnológico.

Es el momento de colocar la reforma universitaria, soslayada u olvidada por interés político o económico, en la agenda nacional. Es un tema recurrente que toca al futuro de nuestros jóvenes sin cuya educación no tenemos futuro como país.