Viernes 19 de abril 2024 | Contáctenos
Estos viejos vicios han sido resucitados para ‘zanjar’ las diferencias del Ejecutivo con el vicepresidente. Lo sorprendente es que los ministros que le han dado con todo a Giampietri: José Antonio García Belaunde y Nidia Vílchez, son conocidos como incondicionales del presidente Alan García, incapaces de actuar así sin permiso de su líder.
Lo peor es que ninguno de los dos ministros midió las consecuencias que tendrían sus palabras para ellos mismos. El canciller hizo trizas el perfil diplomático que debe caracterizarlo en toda circunstancia y Vílchez se ha mostrado como una exponente de la ‘segunda división’ de la política, lejos de la imagen que intentó proyectar de líder madura y ecuánime.
EXABRUPTO
Acusar al vicealmirante (r) Giampietri de haberse convertido en el “vicepresidente de la oposición”, como dijo García Belaunde, es un exabrupto anti-diplomático monumental que denota, además, un espíritu intolerante inadmisible.
Si el gobierno aprista ha tenido un ‘pararrayos’ frente a los ataques de la oposición roja, ese ha sido precisamente el vicealmirante (r) Giampietri.
El vicealmirante (r) ha sido atacado de manera sistemática y constante por el antiaprismo recalcitrante de todos los colores, desde los comunistas más rabiosos, hasta los acciopopulistas, pasando por los caviares y toledistas.
A todos ellos se ha enfrentado Giampietri en defensa del gobierno y de la democracia; por ello son injustas y absurdas las afirmaciones de García Belaunde.
El canciller y quienes están detrás de él deberían revisar la Constitución para entender que el congresista Giampietri no está sujeto a mandato imperativo alguno, es libre de opinar y de votar en el Congreso de acuerdo con su conciencia y punto.
La actitud del García Belaunde es totalitaria porque niega el derecho de discrepancia inherente a la democracia. Que Giampietri discrepe con el Ejecutivo en materia del bono y los sueldos para los militares no tiene por qué suponer una traición, como deja entrever el ministro.
Y hablando de traición, quien se fue de boca atribuyéndole esta conducta a Giampietri, con todas sus letras –y por ello tuvo que disculparse– es la ministra Vílchez. Ella ha dicho además que el vicealmirante (r) tiene el honor de ser vicepresidente gracias al APRA.
En primer lugar, Giampietri es un independiente amigo del movimiento Chim Pum Callao que lidera Alexander Kouri, quien lo propuso como candidato a la primera vicepresidencia en el marco de una alianza electoral y política con el APRA y Alan García.
Mal podría entonces el vicealmirante (r) ser considerado un traidor al aprismo si no pertenece a esa agrupación política, ni al aliado de esta, Chim Pum Callao.
En cuanto a que Giampietri le debe el honor de ejercer la vicepresidencia al APRA, tampoco es cierto. Las matemáticas no mienten, señora ministra: Alan García pasó a la segunda vuelta por un estrecho margen de 60,000 votos más que Lourdes Flores, diferencia que jamás hubiese alcanzado sin el apoyo del partido de Kouri, que aportó al menos 300,000 votos chalacos a favor del APRA. ¿Quién le debe el puesto a quién entonces?
Resulta curioso que habiendo varios dirigentes apristas que también se han enfrentado al Ejecutivo en el tema del bono –Alva Castro, Negreiros, Meche Cabanillas, Edgar Núñez y otros-, al único que han atacado los portavoces del gobierno ha sido a Giampietri.
ANTIMILITARES
Pero no solo han atacado a Giampietri. También se lanzaron contra el presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes (Adogen), el teniente general FAP (r) Arnaldo Velarde Ramírez; es decir, han atacado directamente a los portavoces más representativos de los militares. ¿Por qué?
Creo que el presidente García y un sector antimilitar del Partido Aprista han apostado a no resolver el problema remunerativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. No quieren solucionarlo y buscan justificaciones políticas para ocultarlo.
Por más que el gobierno se empeñe en enredarlo y en confundir a la ciudadanía, el problema es simple: el bono es un paliativo que si bien depende de la capacidad de la caja fiscal, también depende de la voluntad política del gobierno, mientras que la solución definitiva al problema es la reestructuración de los sueldos de las FF.AA.
El Ejecutivo diseñó hace cuatro años una solución que ahora considera inviable. Fue el entonces ministro de Defensa, Allan Wagner, quien aprobó el plan de hacer la reestructuración en cinco años. ¿Por qué tardaron cuatro años para darse cuenta de que la propuesta no sirve?
Solo hay dos respuestas, por incompetencia o porque sentaron a los militares en la ‘mecedora’ que tan bien usó Jorge del Castillo para quitarse de encima los reclamos de la ciudadanía.
A los militares no les molestaría recibir un bono modesto si la medida va acompañada de la solución definitiva, pero el gobierno no quiere dar nada. Esto es lo que ha incubado la indignación que se aprecia hoy en las FF.AA. y en la Policía, un malestar en el que pretenden pescar a río revuelto los grupos radicales de izquierda y los humalistas para promover una huelga.
Lo cierto es que esa huelga se está tramando por la indolencia e incapacidad del gobierno para encarar y resolver el problema. De no haber sido por la bonificación por gasolina que les entregó el gobierno de Fujimori, los uniformados estarían casi en la indigencia.
El único que tiene en sus manos la solución es el gobierno, que debe dejarse de jugar con las expectativas y actuar con responsabilidad y seriedad. Si estalla la huelga impulsada por los rojos, él será el principal responsable.
Por Víctor Robles Sosa
Periodista y director ejecutivo del Instituto Paz, Democracia y Desarrollo (Ipades).
http://victorrobles.wordpress.com/