El Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo correspondiente al mes de julio, da cuenta de un total de 214 conflictos sociales a lo largo y ancho del país, de los cuales 135 se encuentran activos (63%) y 79 se mantienen en estado latente (37%).
De los 135 conflictos sociales activos, 85 se encuentran en proceso de diálogo (63% del total de los casos activos). Además, 46 de los 85 casos en proceso de diálogo (56%) surgieron después de algún hecho de violencia.
Cabe mencionar que de los 214 conflictos sociales dados a conocer por la Defensoría, la mitad (107) ha reportado al menos un episodio de violencia desde su aparición.
Asimismo, el reporte precisa que, del conjunto de los conflictos sociales registrados, el 55,1% se vincula a problemas socioambientales (118 casos). En su gran mayoría, los conflictos socioambientales están relacionados con la actividad extractiva de recursos naturales, temor de las comunidades a la contaminación de sus tierras y fuentes de agua.
Otros 22 casos conciernen a asuntos de gobierno local, 22 a asuntos de gobierno nacional, 14 a problemas laborales, 13 a asuntos de demarcación territorial y 9 tienen que ver con asuntos comunales. A ellos se suman los conflictos por asuntos de Gobierno Regional (9), electorales (1) y otros (6).
El gobierno de Ollanta Humala no puede hacer oídos sordos de estas voces de protesta, que se convierten en un reto más para su gobierno. Su administración tiene la oportunidad de introducir algunas reformas en el manejo y administración de los conflictos, que permitan tener un Perú con intereses más armonizados y asegurar la paz social, ¿lo logrará?