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Domingo 25 de octubre 2020   |   Contáctenos
REVISTA

EL NEGOCIADO DE LA MINERÍA

Mineros artesanales y Estado peruano
La informalidad y la ansiedad de vivir al margen del Estado se han insertado inmensamente en las necesidades de diversos sectores de la población.
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EL NEGOCIADO DE LA MINERÍA

De que la informalidad existe con ribetes de mafia no quedan dudas. Agréguenle todo lo que significa vivir al margen de la ley evadiendo impuestos y utilizando la explotación para lucrar, de esta forma comprobarán que es muy tortuoso resolver de la noche a la mañana un problema que hasta ha crecido internacionalmente.

La minería es un negocio de escala mayor y los grandes empresarios dedicados a este sector viven ampulosos con las ganancias que generan el oro, la plata, el cobre y otros metales de menor valor.

Seamos claros, tanto las grandes empresas como Yanacocha o Newmont y los mineros artesanales contaminan el medio ambiente, pero lo que marca la diferencia es que las primeras se rigen bajo ciertas normas y protocolos y tienen una buena relación con el Estado, o sea, pagan impuestos y se sabe que tienen que destinar un monto para costos laborales (planillas, seguros, CTS, pensión y otros).

En este sentido, podemos afirmar que su legalidad les permite cierto grado de acción con un grado de control estatal. Piensen en lo mismo pero aplicado a los mineros artesanales y la situación cambia.

Y no es que los mineros realicen una actividad ilícita, sucede que viven acostumbrados a regirse por sus propias reglas y optan por explotar al máximo lo recursos y no les interesa el equilibrio ecológico ni tampoco la condición humana en situaciones laborales.

Muchos de ellos hasta se portan con criterios razonables pero están sumidos en un amplio espectro que congrega otros fenómenos como la utilización indebida de explosivos, el narcotráfico y con ello el lavado de dinero. Por más que se esfuercen en demostrar lo contrario, la informalidad involucra tentáculos que lindan con el delito.

Lo que sí es una verdad es que este trabajo agrupa a muchas familias las cuales no tienen otra alternativa que extraer el oro de los ríos. Es más, se les atribuye el uso de las llamadas dragas que son maquinarias que sin ningún control resultan lesivas para la biodiversidad fluvial. Y aunque no es un asunto generalizado, vale decir que justos pagan por pecadores.

Cuando Javier Velásquez Quesquén, presidente del Consejo de Ministros, enfatiza que debe primar en nuestro país el imperio de la ley, tropieza con una larga historia anacrónica que a veces suele ocasionar tragedias y muerte de gente inocente para recién empezar a vivir en concordancia con lo que requiere la sociedad, la clase trabajadora y sobre todo el medio ambiente que nos cobija.

El propio presidente Alan García está sintonizado con su primer ministro y en un acto que lo caracteriza hasta ha propuesto ampliar los plazos para la negociación con los mineros que protagonizaron medidas de fuerza. De esta manera a lo mejor, el asunto llega hasta el otro gobierno y los apristas, una vez más, habrán ganado terreno político en desmedro de los que quieren gobernar este rico Perú.

No creo que sea motivo para conversar sobre crisis -de peores asaltos se ha salvado la maquinaria del Estado- pero hay algunos que saborean este tipo de protestas para provocar simpatías como el presidenciable Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista Peruano, quien ha oficializado un pedido de vacancia contra el presidente Alan García, aduciendo que éste tiene incapacidad moral para resolver los conflictos sociales del país.

Veamos en qué termina este episodio, y de paso, que el Estado no se olvide que los muertos de la democracia a veces suceden por no ver el horizonte de un paisaje que hace tiempo está manchándose de sangre.

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