El APRA requiere de una bancada parlamentaria numerosa que le permita ciertas concesiones políticas; además, se trataría de una votación disciplinada que podría ser de utilidad para cualquier gobernante, ya que todo apunta a que podrían ser derrotados en las urnas. Las alianzas electorales son un dolor de cabeza y deben impedir su existencia; tratan de cerrar cualquier posibilidad de acuerdos políticos, como por ejemplo, entre la oposición y los frentes regionales.
En esa línea de acción aprista, días atrás, en la Corte Superior de Justicia de Lima eligieron como titular a César Vega, un magistrado que está en el vientre del APRA, disciplinado compañero y ex socio legal del jefe de Estado, quien tendrá que designar al futuro presidente del Jurado Electoral Especial de Lima (JEEL) quien se encargará de resolver, en primera instancia, todas las impugnaciones de votos, tachas, reclamos e inscripciones que se presenten durante el desarrollo del próximo proceso electoral general.
No contentos con ello, adicionalmente, están impulsando en el Congreso una serie de modificaciones a la ley electoral y una de ellas está dirigida a la eliminación del voto preferencial, bajo el pretexto que resulta atentatorio contra la unidad partidaria y que alimenta a los tránsfugas, afectando seriamente el fortalecimiento de los partidos políticos.
Una definición que ni ellos mismos la creen, ya que las agrupaciones partidarias son las únicas responsables de elaborar sus listas de candidatos conforme a sus disposiciones internas y cada movimiento debe responder por sus postulantes, aún cuando se trate de alianzas electorales o invitados especiales.
Se olvidaron que para elegir la Asamblea Constituyente (1978) se utilizó el voto preferencial y Haya de la Torre resultó con la más alta votación y en esa época nadie hablaba de tránsfugas, ya que los partidos eran sólidos y firmes.
El voto preferencial tiene un espíritu democrático que permite al elector ejercer libremente su derecho a elegir y al postulante el de ser elegido, ya que la población puede escoger entre las personas que presentan los partidos políticos y todos los candidatos tienen igualdad de oportunidades, conforme lo dispone el artículo 31º de la Ley Fundamental.
Sin embargo, los eternos dirigentes manipuladores enquistados en los diversos partidos tradicionales prefieren el voto cerrado o de lista única donde la población no puede elegir al candidato de su preferencia; solamente puede optar por el partido político.
En esas condiciones, la mayoría se resiste a intervenir en la vida política de la Nación porque se afectan derechos constitucionales, porque existe una marginación para las mujeres y los jóvenes, porque los dirigentes populares observan lejanas sus posibilidades de alcanzar un escaño y porque la ciudadanía desconfía de las eternas cúpulas partidarias, las cuales son especialistas en destruir la democracia interna. Siempre manipulan las elecciones y deciden quienes serán sus postulantes al Congreso; los dirigentes siempre aparecen como ganadores, caso contrario denuncian fraude, anulan las elecciones y sus comités o tribunales ad hoc elaboran las listas.
Los llamados líderes nacionales pretenden tener a los congresista electos sometidos durante un lustro a sus caprichos o decisiones, evitando que ejerzan una verdadera labor de fiscalización y de control político, bajo el pretexto de la disciplina partidaria y con el chantaje que el espacio parlamentario está hipotecado al movimiento o agrupación. O sea, si no fuera por el partido, el postulante nunca saldría elegido.
La situación se complicará en aquellos departamentos o lugares del interior del país con mínima o reducida representación parlamentaria; y las que más sufrirán serán las alianzas electorales, ya que sí solo puede resultar electa una persona, ¿quien será el designado?, ¿el primero de la lista o quién goza de mayores preferencias?
¿Cuál sería el sistema más democrático; qué el partido diga a quien le corresponde el escaño parlamentario por el voto cerrado o que el tema sea resuelto por el voto popular y preferencial? Ahora bien, si la alianza electoral es de cuatro agrupaciones y solo pudieran postular tres personas, ¿quién sería el sacrificado que no postularía y quién sería el privilegiado que llevaría el primer número que en lista cerrada sería el ganador?
Este asunto no lo mencionan los defensores de las cúpulas partidarias, los dueños de los partidos políticos, los eternos dirigentes nacionales o los fundadores que están permanentemente acostumbrados a dirigir sus agrupaciones mediante úkases y quien no comparte sus órdenes termina marginado o expulsado manu militari.
Finalmente, esperamos que las fuerzas políticas no legislen solo para el APRA y que entiendan que la mejor manera de garantizar el sistema democrático, al interior y exterior de los partidos políticos es el voto preferencial.
