Pero el gobierno de turno no se ha quedado de brazos cruzados, y para modernizar el uso del preciado líquido elemento emitió tres importantes dispositivos legales: Decreto Ley Nº 1081 que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, Decreto Ley Nº 1083 que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos y el Decreto Ley Nº 997 que crea la Autoridad Nacional del Agua.
Y recientemente la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó el dictamen de la Ley General del Agua y Temas Afines, que regula el uso y gestión integrada del agua, así como la actuación del Estado y los particulares. Ahora, su aprobación, se encuentra en manos del Pleno del Parlamento.
"Esta norma no solo afectaría a los agricultores sino que también a la población en general, ya que al estar supeditada la gestión del agua al afán de lucro de los terceros, los costos de producción se incrementarían considerablemente y, por consiguiente los precios al consumidor, de modo que todos los peruanos estamos siendo afectados por estas normas privatistas y atentatorias contra el agro”, sostiene Enrique Málaga, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de Riego.
La medida coercitiva no comprende marchas, bloqueos de carreteras ni actos de violencia, puesto que la única disposición adoptada es dejar de cultivar y cosechar las tierras para provocar el desabastecimiento de productos en los mercados.
Sin embargo, contrariamente a lo que alega la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego, el D.L. 1081 fortalece las Juntas de Usuarios de Riego, garantizando su participación y rol en la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
“Se promueve el fortalecimiento de dichas organizaciones permitiéndoseles que desarrollen actividades adicionales para el desarrollo agrario e incorporar en un recibo único los aportes que voluntariamente acuerden sus integrantes para el desarrollo de dichas actividades”, alega el Ministerio de Agricultura.
Entre los beneficios que representa la norma, el Ministerio de Agricultura destaca que permite una gestión más eficiente para disminuir los altos índices de contaminación de las fuentes de agua y la disminución de los conflictos interregionales y multisectoriales por el manejo de este recurso.
Lo ideal sería que los gremios y el gobierno se pusieran de acuerdo, porque al fin y al cabo, si la huelga de brazos caídos es exitosa y se produce una escasez de productos en los mercados, el más perjudicado será el pueblo consumidor que no podrá adquirir alimentos o que tendrá que pagar más por ellos al elevarse el precio de los mismos gracias a la especulación que puede desatarse. ¿Quién dice la verdad y quién miente? El tiempo develará quién tiene la razón.
