Hace varios días, recibimos una grave denuncia respecto a un delito contra la administración pública que se estaba cometiendo en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Ancash; y, cuyo principal responsable era el propio alcalde, Valentín Fernández Bazán, ligado al APRA.
Fueron trabajadores honestos de aquel ayuntamiento distrital cansados de tanta corrupción, quienes alcanzaron la información necesaria que permite determinar un ilícito penal que se está consumando por medio del acuerdo municipal Nº 050-2008-MDNCH. Hay documentos que demuestran la conducta sospechosa del burgomaestre.
No solo se han festinado trámites, a sabiendas y de manera dolosa, para favorecer a una determinada empresa privada ligada a un ex ministro del actual gobierno (presidido por Alan García Pérez) e integrante del gabinete Del Castillo sino que, además, se han cometido hechos punibles que le están causando una serie de perjuicios al Estado y a la población.
Esta situación está en manos del Ministerio Público; la ciudadanía está esperando que se formalice la denuncia penal ante el Poder Judicial (PJ) para que se aplique una sanción ejemplar que incluya una pena efectiva de privación de la libertad e inhabilitación para ejercer función pública.
La Fiscalía Provincial Mixta de Nuevo Chimbote debería dictar las medidas necesarias, obligatorias y legales para que quede sin efecto legal y jurídico el sospechoso acuerdo municipal Nº 050-2008-MDNCH adoptado por el ayuntamiento dirigido por Valentín Fernández Bazán.
ANÁLISIS DE LO SUCEDIDO
En la edición del 17 de octubre del 2008 del diario oficial El Peruano se divulgó el mayoritario acuerdo de concejo Nº 050-2008- MDNCH que, extrañamente, aprobaba la iniciativa privada presentada por la Empresa URBI PROPIEDADES S.A denominada “Centro Urbano Nuevo Chimbote”.
Esta iniciativa era totalmente perjudicial y atentatoria contra los intereses de la población de Nuevo Chimbote y afectaba enormemente a la ciudadanía en su conjunto, ya que se otorgan determinados beneficios a la mencionada empresa que colisionan con las verdaderas necesidades de la sociedad y resultan contrarios a las razones por las cuales un inmueble fue transferido a título gratuito por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, existiendo el riesgo que revierta al Estado, por incumplimiento del objeto de la entrega.
En este asunto, se llega al extremo incalificable, inaceptable y escandaloso de afirmarse que “la proponente se compromete a ejecutar, por lo menos el 50 por ciento del proyecto en un plazo de 30 años, caso contrario, el terreno no utilizado, será revertido a la Municipalidad de Nuevo Chimbote”.
Eso dice el vergonzoso y doloso acuerdo municipal, repito, “por lo menos el 50 por ciento del proyecto en un plazo de 30 años…”, cuando según la ley eso es imposible, siendo advertido por la propia Superintendencia; y, a pesar que existía otra propuesta de otra empresa privada (Exp. Nº 020473 que ingresó el 22 de agosto del 2008, a las 10:38 horas, por la mesa de partes) entregada al propio ayuntamiento distrital que establecía que el 100 por ciento de la obra se culminaría en 60 meses (5 años).
Además, aquella empresa ofrecía mayores beneficios y ventajas para la población y sí cumplía con los requisitos acuñados en la transferencia del inmueble y realmente estaba destinada con fines de vivienda multifamiliar de carácter social, incluida la reserva para el sector defensa (Marina de Guerra).
Esta situación resulta sospechosa, ya que primero ingresa una propuesta privada del Consorcio Nuevo Chimbote a la cual le formulan observaciones (Oficio Nº 274-2008-MDNCH-GM, fechado 1 de setiembre del 2008) las cuales son aclaradas detalladamente y conforme a las disposiciones legales vigentes y, extrañamente, a los pocos días el ayuntamiento que dirige Valentín Fernández Bazán concluye tener por desistido del procedimiento a la empresa que formuló precisiones (Oficio Nº 286-2008-MDNCH/GM, fechado 8 de septiembre del 2008).
Sin embargo, días después, aparece, por arte de magia, otra empresa privada, ligada a Interbank, con propuestas nada beneficiosas para el ayuntamiento, ni para la ciudadanía y la aceptan a ojos cerrados y publican hasta un acuerdo municipal (fechado 9 de octubre del 2008, cuyo trámite se inició con anterioridad).
Cabe mencionar que la citada entidad bancaria está vinculada al ex ministro de Agricultura del actual gobierno, Ismael Benavides, quien integró el gabinete Del Castillo. Todo resulta muy sospechoso y extraño; los círculos de apoyo del alcalde distrital de Nuevo Chimbote le permiten gozar de una seguridad pasajera, pero la impunidad no debe prevalecer.
La cercanía con Alan García y Jorge Del Castillo; y la influencia partidaria en algunas autoridades le permiten a Valentín Fernández Bazán actuar de esa manera ilícita e ilegal. Pero, esta situación se agrava ya que ahora esa conducta esta tipificada en el Código Penal y detallada como delito cometido por funcionario público.
Finalmente, es importante tener presente que esta misma empresa privada, URBI PROPIEDADES, con mucha suerte política, logró hace varios meses la concesión del Centro Cívico de Lima por 30 años pese a que otra empresa nacional tenia propuestas mejores; este tema, también, se logró durante la gestión del gabinete Del Castillo. Igualmente, existen una serie de quejas por incumplimientos de contratos respecto a otras obras efectuadas en Lima.
