Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
Entre 'dimes y diretes' se está perdiendo la objetividad de la función fiscalizadora que tiene el Congreso de la República, motivando titulares periodísticos que lo único que hacen es distraer la finalidad de la investigación.
El caso de Petro-Tech no es el único que por falta de decisión política de los diversos gobiernos de turno, se ha convertido ahora en lesivo a los intereses de todos los peruanos. Tal vez, solo sea la punta de un iceberg que urge darle una mirada para evitar nuevas sorpresas.
Es cierto que desde sus orígenes este contrato fue viciado al no cumplirse con las normas contenidas en la licitación internacional, que establecía otorgar la buena pro a una empresa de capitales foráneos o dueña en su totalidad de las acciones de sucursal alguna.
Pues bien, este contrato se suscribió con Petro-Tech Peruana, sucursal de Petro-Tech Internacional y propietaria solo del 99 por ciento de las acciones. Los ex ministros Daniel Hokama y Jorge Camet Dickman probablemente tengan mucho que decir sobre este caso. Es más, el actual titular del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Sánchez, también debe saber algo, en virtud que fue asesor de ese portafolio en esos años.
Si bien es cierto que lo que motivó la conformación de la comisión investigadora fue investigar las razones de la venta y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo con relación a los contratos celebrados con el Estado; también es real que la autonomía del Congreso permite que esta comisión no puede tener restricciones para la elaboración de su trabajo.
Creemos firmemente que esta comisión debe investigar, no solamente posibles irregularidades recientes, sino lo actuado desde sus orígenes cuando se presume que hay vicios cometidos.
Hay quienes creen que un posible "exceso" de la comisión atentaría contra las inversiones en el país. Eso no es así. El Congreso no tiene facultad para modificar una relación contractual como son los convenios y contratos internacionales, pero los congresistas tenemos el deber ético de denunciar actos que atenten contra los intereses nacionales.
El reputado jurista francés André Hauriou afirmaba que un Parlamento es un conjunto de censores que obliga a los gobernantes a justificarse públicamente y someter a la crítica pública las razones de su política. Desde esta perspectiva, el contrato con Petro-Tech es un caso de interés público y por lo tanto, sujeto a la crítica y análisis de sus censores, en este caso del Congreso de la República.
Además, las comisiones investigadoras no constituyen solamente un control político, sino también proveen elementos de control jurídico. Precisamente, en la labor fiscalizadora de sus integrantes, está la base de la seguridad jurídica que requieren las inversiones para establecerse en el país.
Los inversionistas deben saber que para hacer buenos y exitosos negocios en el Perú, se requiere cumplir con normas limpias y transparentes, así como de los mecanismos de control que tienen las diversas instituciones del Estado.
Por Rosa María Venegas Mello
Congresista de la República