MÁS INVERSIÓN, ¿MENOS CONTROL?

No es un tema de gobiernos sino de Estado, estructural. Posiblemente, el Fujimorato descubrió una mafia organizada desde el centro del poder político; pero lo que desconocemos es la dimensión de las prácticas corruptas en gobiernos anteriores y posteriores, es decir, la corrupción como un hecho histórico, casi consustancial al Estado.

Efectivamente, la corrupción es un problema de Estado y, por tanto, la solución no se agota en medidas cosméticas o juicios sucesivos o voluntades que se agotan en proyectos inmediatistas, sino que requiere una verdadera institucionalización de la lucha contra la corrupción. Se deben privilegiar los mecanismos formales que la Constitución y las leyes proveen (Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía...), pero se debe hacer un reexamen de las instituciones, para reformarlas y crear un sistema interinstitucional de control.

La Oficina Nacional Anticorrupción tuvo una existencia breve, pues se pretendió colocar la carreta antes que los caballos. Se nombró a una jefa, se nombró a un personal; pero faltó lo principal: El objetivo y la visión de qué se quería realmente. El recientemente presentado Plan Nacional Anticorrupción tiene visión, precede a quien pueda ejecutarlo y puede ser un atisbo de solución, pero es insuficiente.

El combate a la corrupción no se agota en reglas de transparencia de información pública, simplificación administrativa, rendición de cuentas o difusión de derechos ciudadanos; pues se dejan de lado temas esenciales. Por ejemplo, la Contraloría, el SNIP, el Consucode y demás items que constituyen puntales en materia de control.

En cuanto a la Contraloría, el debate se ha centrado en las capacidades y trayectorias de los candidatos a contralor o en si existió o no lobbies detrás de la competencia por el cargo, cuando de lo que se trata es de fortalecerla, dotándola de más recursos para el 2009, mayores prerrogativas de control, más cuadros especializados para las auditorias complejas, mayor cobertura nacional, entre otros.

Tampoco el Plan resiste el inconveniente relajamiento del SNIP. Es verdad que muchos proyectos no se ejecutan por falta de capacidad de gasto (demasiados requisitos, dicen algunos), pero no se dice que lo que falta es transferencia de capacidades y reforzamiento de las especificidades técnicas para la inversión pública. Lo contrario es abrirle huecos al control y que las autoridades regionales y locales obren a sus anchas, construyendo infraestructura inútil e improductiva y, sobre todo, se agencien ilegalmente de recursos públicos destinados a los proyectos. Lo que se debe buscar, es por el contrario, incrementar la eficiencia del SNIP, tanto como la labor fiscalizadora de FONAFE.

Paralelamente al virtual fin del SNIP, el Consucode parece, también, tener final a la vista. Los decretos legislativos 1017 y 1018, dentro del paquete normativo del TLC, liquidan virtualmente al Consucode y, con ello, abren las puertas al descontrol y la corrupción. Perú Compras se encargaría de las compras estatales de volumen, y Consucode quedaría atado de manos, es decir, neutralizado en su función de control.

Agilizar al Estado y promover la inversión no deberían ser razón para acabar con los controles, pues el remedio podría ser peor que la enfermedad. Que la batalla no se pierda por falta de visión del Gobierno.

Por Eddie Cóndor Chuquiruna (*)

Coordinador del Area de Participación Ciudadana y Buenas Prácticas