Nos referimos a los casos de las cadetes mujeres de la escuela de oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, solo por citar ejemplos que son de público conocimiento, entre otros tantos que por razones obvias no salen a la luz.
Cuando hace dos años presidía la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, conjuntamente con representantes de diversas instituciones de la sociedad civil, trabajamos una Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) para hombres y mujeres, que tenga por objetivo poner fin a una serie de abusos y discriminaciones, no solamente en los ámbitos laboral, social y económico, sino también en el académico, como es el caso de las cadetes mencionadas.
Sin embargo, al parecer esta norma que es ley en todo el territorio peruano, no se aplica en las escuelas militares.
No pretendemos que las mujeres sean tratadas como cristales o personas especiales en las escuelas de formación militar, simplemente queremos que se respeten sus derechos y no se abuse con maltratos psicológicos y castigos corporales a quienes exigen sus derechos como personas.
Es lamentable que en el grupo de trabajo sobre "Control político y fiscalización de las denuncias por violencia familiar, social y laboral; violación sexual y abuso de autoridad en
La Ley 28983 promulgada en marzo de 2007 tiene como finalidad fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, y hacer respetar los derechos de cientos de mujeres que cada día son discriminadas y sus derechos vulnerados.
El caso de las cadetes merece toda nuestra atención. Ellas ingresaron a las escuelas militares con buena salud, aptas para la vida militar y con proyectos de vida. Sus padres confiaron en el Estado para dejar a sus hijas en instituciones tutelares de las Fuerzas Armadas. No es posible que por la culpa de algunos malos oficiales, no de las instituciones que merecen todo nuestro respeto, los proyectos de vida de las jóvenes se vean truncados.
Es responsabilidad del Estado garantizarle a cada una de las cadetes, no solamente la indemnización por el daño recibido, sino también ayudarles a reintegrarse a la sociedad. Solo así entenderemos que
A dos años de la ley, urge darle nuevos bríos, exigiendo que se respeten los derechos de cadetes y soldados mujeres, y personal femenino en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
Por Rosa María Venegas Mello (*)