¿POR EL CAMINO CORRECTO?

Convertido en el primer Tratado de Libre Comercio (TLC) entre países sudamericanos, el acuerdo comercial entre Perú y Chile, que entró en vigencia el 1 de marzo, ha servido para corroborar que las diferencias políticas que por años impiden una verdadera integración económica entre ambas naciones, seguirán siendo –al parecer– el principal escollo a superar.

Y es que si el acuerdo suscrito con Estados Unidos había generado críticas y todo tipo de amenazas que rayaban con la tolerancia, el TLC con nuestro vecino del sur no se ha quedado atrás y ha vuelto a revivir situaciones similares.

Protestas en las calles tanto en Lima (miércoles 11 de marzo) como en las provincias del sur del país; amenazas de acusación constitucional contra los titulares de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores, incluso contra el propio presidente Alan García, pero una vez que culmine su mandato; hasta una acción de nulidad ante el Tribunal Constitucional (TC) respaldada por 34 congresistas, han servido para rememorar situaciones que se vivieron cuando se negociaba el tratado firmado con la aún primera potencia mundial.

LOS ANTECEDENTES

Aunque recién a estas alturas las voces de la discordia se escuchen con más potencia, resulta preciso aclarar que fue en junio de 1998 que Chile y Perú suscribieron un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) –el número 38– con el objetivo de impulsar el desarrollo equilibrado entre ambos países.

Sin embargo, en junio del 2005 –durante el gobierno de Alejandro Toledo– se iniciaron las conversaciones para ampliar el acuerdo incluyendo temas vinculados a inversiones, políticas de competencia, servicios, procedimientos aduaneros y protección de los trabajadores migrantes.

Suscrito el 22 de agosto de 2006, durante el actual gobierno, recién obtuvo la venia del Senado mapocho –con el voto unánime de 29 senadores– el 3 de julio del año pasado, cerca de siete meses después de que la Cámara de Diputados de Chile (con 91 votos a favor y uno en contra) aprobara la ampliación del ACE N° 38, el 6 de diciembre del 2007.

Con el camino expedito para su puesta en marcha, todo indicaba que la profundización de un acuerdo económico vigente desde hace 10 años, supondría buenos comentarios desde ambos lados; pero mientras en Chile el propio canciller Alejandro Foxley ha señalado que el TLC es un "importante aporte al proceso de integración regional", en nuestro país las cosas se han pintado de color oscuro.

DIMES Y DIRETES

Así, mientras la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, no ha dudado desvirtuar las críticas, señalando que el acuerdo comercial busca, a través de los mecanismos de la cooperación económica, lograr una situación donde ambos países salgan beneficiados; el Partido Nacionalista -promotor de la acción de nulidad ante el TC- encabezado por su líder Ollanta Humala, se ha convertido en un hueso duro de roer.

Y aunque la titular del Mincetur ha minimizado las críticas afirmando que nuestros recursos económicos deben usarse no con un afán armamentista sino en la mejora de la calidad de vida de la población, por lo que es un error utilizar el acuerdo como "una herramienta política para figurar personal", el economista Alan Fairlie fue uno de los primeros en advertir que en el acuerdo con los chilenos había claros indicios de inequidad.

Desde su punto de vista, las autoridades chilenas han sido las únicas en argumentar su conveniencia por el acuerdo comercial, sobre todo porque "cerca del 90% del comercio ya se ha liberalizado con el ACE N° 38 y alrededor del 60% de nuestras exportaciones, Chile las vuelve a exportar a China pero con mayor valor agregado", lo que constituye una clara ventaja para los mapochos, sostiene.

En ese sentido, para el experto, dicha situación haría peligrar la supuesta complementariedad entre ambas economías (Perú = productos primarios, frente a Chile = manufacturados), más aun cuando la asimetría de nuestro comercio en relación con Chile es mayor en inversiones y en el comercio de servicios, sin contar aquellos temas claves que quedaron pendientes de debate.

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Luis Carranza –secundado por el resto del Gabinete– ha tratado de calmar las aguas señalando que no existe ninguna inconstitucionalidad en la puesta en marcha del acuerdo comercial firmado entre Perú y Chile.

Incluso, en entrevista con el diario chileno El Mercurio, ha sido enfático al señalar que debido a que ambos países hemos vivido de espaldas, "ya es hora de empezar a trabajar juntos por lo que es realmente importante: el bienestar de la población".

De manera que, los temas en disputa –en clara alusión al tema de los límites marítimos– se resolverán en la Corte Internacional de La Haya, y debido a que el acuerdo con Chile se enmarca dentro de una política general de apertura peruana, "es lógico que con uno de nuestros principales socios comerciales avancemos en esta apertura", aclaró.

¿LOS BENEFICIOS?

Si bien los titulares de los últimos días se han centrado en una suerte de ‘gana la portada quien más insultos e improperios dice’, hay quienes sí se han centrado a analizar las ventajas que un acuerdo de tales dimensiones reportaría para una economía como la peruana, que seguirá manteniendo ritmos de crecimientos positivos a pesar de la crisis.

Para la Cámara de Comercio de Lima (CCL), debido a que el TLC con Chile incluye un capítulo de servicios que facilitará el comercio de servicios transfronterizos mediante la eliminación de ciertas barreras, dicha decisión se convierte en una oportunidad para este sector, toda vez que se establece un régimen que impide que se impongan nuevas restricciones a proveedores peruanos.

A partir de ello, las empresas que prestan servicios tales como informática, procesamiento de información, publicidad y consultoría, entre otros, así como los ingenieros, contadores, médicos, arquitectos, enfermeras y más profesionales, podrán proveer servicios con autorizaciones o licencias temporales en Chile.

Respecto a la facilitación del comercio, la CCL destaca que debido a que ha sido otro de los aspectos cubiertos por el acuerdo, a partir de su entrada en vigencia se promoverá el intercambio de información para la fiscalización y manejo de riesgo, sin perjudicar al comercio y buscando despachos rápidos porque se permitirá retirar las mercancías de la Aduana sin necesidad de que estas pasen por un depósito o almacén aduanero.

Además, el acuerdo facilita el establecimiento de las inversiones y promueve la transparencia en las disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, así como a la reglamentación técnica.

NÚMEROS QUE HABLAN

En cuanto al intercambio comercial que mantenemos con el país sureño, durante el 2007 y 2008, Chile se ha mantenido como el sexto destino de nuestras exportaciones, ocupando el primer lugar en Latinoamérica seguido por Venezuela.

Mientras que con relación al total de nuestras exportaciones, el año pasado, los envíos al país mapocho representaron el 5.9% del total exportado por Perú, mientras que los productos chilenos significaron el 3.9% en el caso de las importaciones.

Respecto a las inversiones, nuestro país con un 23% fue el segundo receptor de inversiones chilenas el 2008, después –aunque muy cerca– de Brasil, que acaparó el 24%; pero a nivel de inversión acumulado, Perú –a diciembre de 2008– fue el tercer receptor, destacando los sectores de servicios y energía.

Opiniones a favor y en contra, los números indican una clara ventaja de lo que significa la economía chilena para los peruanos, por lo que lejos de los dimes y diretes producidos durante los últimos días, resulta casi imposible negarse –en épocas de crisis como en la actualidad– a los beneficios que supone la apertura comercial, cuidando de no menoscabar los intereses de nuestro país.