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REVISTA

POLÉMICA POR SALVATAJE A DOE RUN

Pronunciamiento parlamentario
En el marco de un polémico salvataje millonario que ha levantado un sinnúmero de críticas, la empresa minera Doe Run Perú ha solicitado al Estado peruano un préstamo de 150 millones de dólares para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental en La Oroya, Junín. ¿Es justo que con el dinero proveniente de todos los peruanos se tenga que salvar a una empresa privada? Conozca el punto de vista de tres congresistas.
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POLÉMICA POR SALVATAJE A DOE RUN

No se debe utilizar recursos del Estado en empresas del sector privado. "Si un empresario gana dinero es para él y si pierde, no tiene por que involucrar al pueblo peruano".


Los integrantes del Grupo Parlamentario Especial Compromiso Democrático, en cumplimiento de su función parlamentaria, acorde a sus principios y compromiso con la nación peruana y ante la amenaza de cargar al pueblo peruano con la irresponsabilidad de la empresa Doe Run que se ha declarado en quiebra y pide al Estado peruano acuda en su salvación, señala lo siguiente:


1. La empresa Doe Run Perú es una empresa privada, que tiene una deuda ambiental y un historial de compromisos incumplidos, y que entre los años 2005 y 2008 obtuvo grandes utilidades como toda empresa minera, las cuales envió a su matriz.

2. La presentación de Doe Run Perú como una empresa en grave crisis financiera que requiere un salvataje del Estado peruano por más de 100 millones de dólares para garantizar el empleo de 3,000 trabajadores en La Oroya, resulta inaceptable sin que previamente se realice una auditoría económico financiera y ambiental para determinar su real situación, si ha existido alguna transferencia irregular o ilegal de renta a la casa matriz que ha hecho que incumpla sus compromisos, tal como ocurrió entre 1998 y el 2003 con esta empresa.

 


3. El especulador financiero Ira Leon Rennert posee una fortuna personal de 4,000 millones de dólares. Una posible declaración de insolvencia y posterior quiebra de Doe Run Perú le haría perder el dominio de la empresa Doe Run Resources Corporation en Estados Unidos, matriz de Doe Run Perú, por un "Acuerdo de Derechos de Inversionistas" suscrito ante la Comisión de Seguridad y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).


4. Así, la propuesta de quiebra aparece como una medida de presión que pretende utilizar la posibilidad del despido de los 3,000 trabajadores metalúrgicos para encubrir una cuestionable gestión ambiental, económica y social de la empresa.

5. La deuda de Doe Run Perú con sus proveedores (Buenaventura, Trafigura y otros) asciende a 100 millones de dólares. El Banco de Crédito, por alguna falta grave cometida por la empresa, le ha cancelado el crédito revolvente por 75 millones de dólares. El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) se ha vuelto a incumplir por sexta vez.


6. Frente a esta situación, la empresa plantea un salvataje del Estado peruano y una cuarta prórroga de su Programa de Manejo y Adecuación Ambiental, agravando aún más la salud de la población de La Oroya. El argumento falaz presentado por la empresa, es que si el Estado no la apoya por cuarta vez, más de 3,000 trabajadores metalúrgicos y sus familias se irían a la calle afectando a esta localidad, dejando de mencionar la alternativa de la declaración de insolvencia ante Indecopi y la formación de una junta de acreedores que maneje la operación de manera más eficiente.

 


7. Si el Estado le hace un salvataje, dentro de seis meses volverán a utilizar la misma estrategia de extorsión y volverán a pedir más liquidez, mientras el dueño Ira Leon Rennert sigue incrementando su fortuna personal.


8. La situación es de un inminente incumplimiento del plazo otorgado para cumplir con el PAMA iniciado hace más de 11 años, y que fue postergado en mayo del 2006 mediante resolución del Ministerio de Energía y Minas, luego de emitir el año 2004 un decreto supremo que dio a las empresas mineras la posibilidad de una prórroga excepcional del PAMA por razones económico financieras, que en realidad fue una norma con nombre y apellido para favorecer a Doe Run Perú. El plazo de la prórroga vence en octubre del 2009.


9. ¿Que dice ahora el MEM, Osinergmin y Digesa que confiaban tanto en el cumplimiento de esta empresa cuando las advertencias ya venían desde el 2004?


10. Según informes periodísticos emitidos a raíz de este caso, Cofide ya está evaluando el otorgamiento de un crédito por 75 millones de dólares para esta empresa.

11. Por su parte, el gobierno viene manifestando la intención de ceder a la presión de la empresa Doe Run, habiendo el presidente Alan García manifestado que si "algunos irresponsables dejan caer a Doe Run en la Oroya, que es la refinería básica de las minas del centro, entonces tendremos entre 10,000 y 12,000 desempleados que pueden bloquear carreteras".


12. Esto no es más que otra exageración del presidente García porque no sabemos a quien se refiere cuando dice que son irresponsables los que dejan caer a la empresa Doe Run, en todo caso está claro que los irresponsables serían los propios directivos de la empresa, que habiendo ganado gran cantidad de recursos durante los últimos cuatro años ahora sorprendentemente no pueden cumplir con sus obligaciones financieras y pretenden un apoyo estatal.


13. En Perú ya tenemos las penosas experiencias de estos salvatajes, uno de los más recordados es el del Banco Latino, donde se perdieron alrededor de 400 millones de dólares de todos los peruanos.


Ante esta situación, demandamos públicamente al Poder Ejecutivo se detenga inmediatamente cualquier intento de salvataje financiero por parte del Estado por las siguientes razones:


1. Antes de plantear cualquier salvataje con dinero del Estado, debe conocerse la razón por la cual los bancos le han cortado la línea de crédito. Aquí está la primera dificultad. Doe Run Perú es una Sociedad de Responsabilidad, no cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, y en consecuencia, no está obligada a entregar públicamente su información económico financiera.


2. Doe Run Perú no necesita comprar concentrados a otras empresas mineras porque tranquilamente puede operar dando el "servicio de fundición y refinación", con lo cual, estas empresas serían las que le paguen a Doe Run por sus servicios.


3. Si el Estado inyecta dinero para el salvataje, los principales beneficiados serán las empresas Buenaventura y Trafigura (que tiene depósitos de concentrado de plomo en El Callao). Doe Run será una segunda prioridad para ellos, y cuando nuevamente se acabe el dinero volverán a pedir prestado al Estado bajo amenaza de enviar a la población a cerrar la Carretera Central.


Por todo ello Compromiso Democrático plantea lo siguiente:


1. Que Doe Run inicie su proceso de insolvencia y se forme la junta de acreedores (Trafigura, Buenaventura y otros) que administre la empresa. Este es un mecanismo existente y lo usan todas las empresas en el Perú. ¿Por qué inventar un mecanismo inexistente y no autorizado por ninguna ley vigente?


2. Modificar el Código Penal para sancionar con prisión efectiva al Gerente General, Gerente de Asuntos Ambientales y Gerente de Operaciones de toda empresa que incumpla compromisos ambientales, como por ejemplo el PAMA, puesto que un incumplimiento ambiental genera reducción de la esperanza de vida de la población que no puede compensarse con una suma de dinero, por lo que debe ser sancionada con cárcel.


3. Iniciativa legislativa que garantice el acceso a la información económico financiera y a la participación en las utilidades de las empresas mediante la obligación de las empresas para que coticen en la bolsa de valores, cumpliendo para ello, con hacer participar a inversionistas peruanos con el 15% del capital accionario.

4. Desarrollar las acciones legales pertinentes contra los funcionarios responsables de la aprobación de la prórroga del PAMA en el 2004 y 2006.


5. Invitar al Pleno del Congreso de la República al Ministro de Economía y Finanzas, para que explique lo que se propone hacer el gobierno para apoyar, según lo declarado por el Presidente de la República, a la empresa Doe Run Perú.


6. Invitar al Pleno del Congreso de la República al Ministro de Energía y Minas, para que explique la situación de insolvencia de la empresa Doe Run Perú y cuál es la situación del cumplimiento de su Programa de Adecuación Ambiental.


7. Solicitar a la Contraloría General de la República que realice en forma inmediata una acción de control sobre el cumplimiento del PAMA de dicha empresa.


En conclusión, el Estado y el pueblo peruano no tienen por qué pagar con su dinero el salvataje de una empresa que ha vivido a costa del propio Estado, sus trabajadores y el pueblo de La Oroya, más aún, cuando estamos entrando en una crisis económico financiera. Por el contrario, exigimos un informe inmediato de las autoridades competentes y una auditoría sobre el cumplimiento del PAMA y los estados financieros de esta empresa.


(*) Congresistas Rosa María Venegas, Washington Zeballos Gámez y Gloria Ramos Prudencio del Grupo Parlamentario Especial Compromiso Democrático.
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