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LA PROBLEMÁTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los estragos de la industria extractiva en el Perú
La política del gobierno peruano está basada en crear mecanismos legales para imponer la expansión anárquica de la inversión en industrias extractivas (minería, petróleo y gas) a fin de explotar los recursos naturales de la amazonía, la sierra y la costa y supuestamente "beneficiar a todo el país", considerando a los pueblos indígenas que viven allí como poblaciones atrasadas que no pueden aportar al desarrollo, por lo que son considerados obstáculos o "perros del hortelano".
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LA PROBLEMÁTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Lo cierto es que los pueblos indígenas se reconocen como parte del Estado peruano y solo exigen el respeto a sus derechos y que este les brinde las oportunidades, a través de políticas y mecanismos expresos de carácter intercultural, que les permitan obtener mejores condiciones para conseguir su bienestar y el desarrollo en armonía con la naturaleza.

 

Hay ejemplos en el corto plazo para que el Estado promueva la participación de las poblaciones indígenas en el ecoturismo, el turismo vivencial y la explotación de plantas medicinales y en otras actividades, en armonía con la conservación del agua y la biodiversidad.

 

La expansión anárquica de la inversión minera ha hecho que el 36.6% (17.09 millones de hectáreas) del territorio de la sierra y costa peruana y el 75% del territorio de la amazonía esté superpuesto de lotes petroleros, afectando las tierras y territorios de las comunidades campesinas y nativas, las reservas indígenas, los pueblos en aislamiento voluntario, las áreas naturales protegidas, el agua y la biodiversidad.

 

En definitiva, está en peligro la vida de los pueblos indígenas y el desarrollo sostenible de la amazonía peruana. Esta expansión se ha intentado consolidar legalmente desde el 2009 con la emisión de decretos legislativos inconstitucionales que violan de los derechos de los pueblos indígenas, dados en el marco de las potestades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo para fomentar el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

 

 

El Estado peruano no reconoce el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. La aplicación de una política de ambiental permisiva con una gestión ambiental empresarial que no aumenta la competitividad, solo distribuye el impacto económico, social y ambiental en los pueblos indígenas y los más pobres.

 

La estrategia reactiva de las empresas aumenta la rentabilidad pero sacrifica condiciones laborales, ambientales y los recursos naturales y la economía de las comunidades y poblaciones locales del entorno. Las empresas extranjeras no cumplen sus compromisos ambientales igual que en sus países de origen.

 

Hay afectación y desplazamiento de pueblos indígenas conjugado con una visión multicultural que ahonda la exclusión. Los recursos del canon petrolero, gasífero y minero no llegan a las comunidades porque no hay proyectos de desarrollo generados desde y para las comunidades y poblaciones originarias. Y las políticas educativas y de salud son muy elementales y tienen un débil componente intercultural.

 

Los indígenas siguen siendo vistos como "otros" en una perspectiva de incluirlos y no como peruanos con los mismos derechos y oportunidades que quieren construir un estado plurinacional.

 

Frente a esta realidad, los pueblos de la amazonía peruana están en huelga desde el 13 de abril por la derogatoria de los decretos legislativos atentatorios contra sus derechos y han sido reprimidos por las Fuerzas Armadas.

 

El pasado 7 de mayo del 2009, el Congreso de la República aprobó el informe de la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos Indígenas que me honro en presidir.

 

El informe aprobado establece la anticonstitucionalidad de los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo en el marco de las facultades que le confirió el Congreso para facilitar el TLC con Estados Unidos así como su carácter violatorio de los derechos de los pueblos indígenas, asumiendo el compromiso de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos, a través de la Comisión de Constitución, que tiene el plazo reglamentario de 10 días para emitir los dictámenes respectivos.

 

 

A partir del informe aprobado que concluye en la inconstitucionalidad de los decretos legislativos y recomienda su derogatoria, el 14 de mayo del 2009 presenté el proyecto de Ley N° 3266-2008-CR que deroga los decretos legislativos que atentan contra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los derechos de los pueblos indígenas y crea una comisión especial conformada por representantes del Estado, los pueblos indígenas y la Comisión Multipartidaria del Congreso, que se encargará de proponer alternativas a los decretos legislativos derogados, previa consulta a los pueblos indígenas.

 

Se ha realizado el pedido de exoneración del dictamen de comisiones y priorización en la agenda del Pleno del Congreso para decidir sobre su derogatoria. Los primeros días de junio la Comisión Multipartidaria encargada de la solución a la problemática de los pueblos indígenas debe tener aprobado el informe sobre el mecanismo legal de consulta previa a ser incorporado en el reglamento del Congreso para que los proyectos que afecten el Convenio 169 de la OIT y los derechos de los pueblos indígenas sean consultados a estos en el marco del procedimiento parlamentario.

 

Asimismo, en agosto del 2009 la Comisión Multipartidaria entregará un informe sobre las alternativas económicas, sociales (salud y educación) y ambientales planteadas desde los pueblos indígenas y el Estado peruano a partir de una visión intercultural.

 

Las masivas protestas de las comunidades campesinas y nativas de la amazonía y de distintas regiones andinas evidencian la urgencia de resolver los problemas de exclusión, marginación y olvido que los han afectado por siglos y que, en los últimos tiempos se han agudizado por el avance de políticas que han privilegiado al poder económico antes que al desarrollo humano.

 

A partir de la lucha que libran los pueblos indígenas de la amazonía peruana y el avance hacia la consulta previa, se requiere que los gobiernos, el Banco Mundial y los organismos internacionales, tengan una visión y políticas hacia los pueblos indígenas entendidos como un proceso intercultural, lo que implica incluirlos en la legislación, las estadísticas y se trabajen propuestas participativas de desarrollo sostenible, donde el agua y la biodiversidad son parte indisoluble de la identidad étnico cultural.

 

Por Gloria Ramos Prudencio

Congresista de la República, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria sobre Asuntos Indígenas.
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