Sólo ocho rellenos sanitarios ‘oficiales’ hay en el país y aproximadamente 180 operan como ‘informales’, es decir, como depósitos de basura. Un 30% de la basura es depositada en ellos, el 6% se recicla en plantas de almacenamiento y el resto se arroja al mar o a los ríos.
Estas cifras –que significan un atentado a la salud y la naturaleza- fueron expuestas por Jorge Zegarra Reátegui, presidente ejecutivo de la empresa Petramás encargada –desde hace veinte años- de transformar la basura o los residuos sólidos en energía.
El ejecutivo fue citado el martes 17 por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para que informe sobre el modelo de innovación tecnológica que maneja Petramás en Huaycoloro, ubicado en San Antonio de Llaclla, Huarochirí.
Zegarra dijo que en Lima solo hay cuatro rellenos sanitarios y se estima que cada persona desecha 0,61 kg de basura por día. La razón por la que no construyen rellenos sanitarios – y no simples depósitos de basura- es que no hay presupuesto. Por ello propuso retornar a la modalidad de cobrar arbitrios a través de los recibos de luz y/o servicios.
“El municipio actualmente no tiene la forma de obligar a que paguen arbitrios con esta finalidad…un 80% de los habitantes de provincias no paga arbitrios y en Lima lo hace un 60”, afirmó.
Explicó que en el 2007 Petramás registró su primer proyecto de “mecanismo de desarrollo limpio” (MDL), dentro del marco aprobado en el Protocolo de Kyoto, con la finalidad de reducir las emisiones de gas.
Afirmó que esta empresa tiene 250 pozos de captación de gas y que la energía que se produce puede utilizarse como energía renovable y generador de luz eléctrica.
Luego de su intervención, los congresistas de la comisión acordaron, en fecha por determinar, visitar la planta transformadora de energía.
CAMBIOS
Doce y no siete serían los miembros que integren el Consejo Directivo (ex directorio) del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Fondecyt), según la propuesta del proyecto de ley que aprobó por unanimidad y sin debate, la comisión que preside el congresista Elard Melgar Valdez (FP).
Actualmente el directorio lo integran siete personas representantes de los sectores público y privado. La iniciativa propone cambiar el nombre a Consejo Directivo y aumentar el número de integrantes que serán designados por resolución suprema.
Serían dos representantes del Concytec, cuatro del sector privado (Confiep, Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industrias y uno de los gremios de las mypes); un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno del Ministerio de Economía, uno de Educación (de la Dirección Nacional de Investigación) y dos de la comunidad académica del país.