La propuesta se enmarca dentro del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la política de Gobierno Abierto.
El proyecto plantea que la declaración jurada debe estar especificada y valorizada en el país y en el extranjero los ingresos, rentas, bienes, ahorros, inversiones, acreencias y pasivos, propios del obligado y comunes del matrimonio.
