Viernes 09 de mayo 2025 | Contáctenos
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso hoy, mediante una resolución ministerial, la prepublicación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado.
En razón de ello, el proyecto de reglamento citado puede verse a partir de hoy y durante 30 días calendarios en los portales institucionales de la PCM (www.pcm.gob.pe) y de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (can.pcm.gob.pe), con el propósito de recibir las opiniones y comentarios de las instituciones públicas, sociedad civil y ciudadanía en general.
Las opiniones y comentarios pueden ser remitidos a los correos can@pcm.gob.pe y bbartra@pcm.gob.pe, se precisa en la resolución ministerial, que lleva la rúbrica de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, y es publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
Se debe señalar que la propuesta de Reglamento tiene por objeto establecer disposiciones sobre los sujetos obligados y el contenido de la declaración jurada (DDJJ) de ingresos, bienes y rentas. Asimismo, sobre la presentación, la remisión, la publicación y fiscalización de la DDJJ y el procesamiento y sanción de las infracciones establecidas en la Ley 30161.
Entre las principales innovaciones de la propuesta, se establecen criterios para determinar a las personas obligadas a la presentación de la DDJJ, así como disposiciones para fortalecer el Sistema de Registro de Declaración Jurada en Línea. También, se amplía la información de la DDJJ que debe ser publicada en el diario oficial El Peruano, en los portales institucionales y de la Contraloría General de la República, así como la disposición de la publicidad de la lista de personas obligadas.
De otro lado, en el marco de la Ley se plantea un esquema de infracciones y sanciones, en atención a la gravedad del comportamiento y el nivel jerárquico del funcionario o servidor público, el cual también alcanza a las personas que mantienen un vínculo con el Estado por la labor que desempeñan (consultores, miembros de una ONG, integrantes de comisiones consultivas, etc.).
Susana Silva Hasembank, coordinadora general de la CAN y presidenta del Grupo de Trabajo responsable de elaborar la propuesta, destacó la importancia del proyecto de reglamento prepublicado.
Conforme a la resolución ministerial, la Coordinación General de la CAN es responsable de recibir, procesar, evaluar y consolidar las diversas opiniones y comentarios que se reciban acerca de este proyecto de Reglamento, para posteriormente elaborar el texto definitivo del mismo, puntualizó Silva.
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