Autoridades y representantes de la sociedad civil de las provincias puneñas de Azángaro y Carabaya expusieron hoy a representantes del Ejecutivo, la problemática de contaminación ambiental que existe en la cuenca del río Ramis a causa de la minería ilegal y respaldaron las acciones de interdicción previstas por el Gobierno, tanto en esa zona como en la cuenca del Río Suches.
La reunión realizada hoy en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros y que estuvo presidida por Daniel Urresti Elera, Alto Comisionado en asuntos de formalización de la minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental, continuará en Azángaro el próximo martes 15 para analizar alternativas de solución.
Junto a Urresti Elera participaron el viceministro de Minas, Guillermo Shino Huamaní; el Director General de Formalización Minera, José Manuel Pando del Ministerio de Energía y Minas además de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Salud.
La delegación puneña estuvo conformada por el alcalde de la provincia de Azángaro, Efraín Murillo Quispe, los alcaldes de los distritos de San Anton, Asillo, Potoni y Crucero de la provincia de Carabaya junto a Vladimir Mamani Cruz, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del río Ramis.
En el próximo encuentro, a realizarse en Azángaro para analizar las alternativas de solución a los problemas ambientales intervendrá el Alto Comisionado, Urresti Elera, dirigentes y representantes de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental.
Asimismo, se verán los temas referidos a las acciones de interdicción que se pondrán en marcha en contra de los mineros ilegales que operan en la cuencas del Río Suches y particularmente en la cuenca del Río Ramis, ubicada al norte de la región Puno, y que comprende las provincias de Melgar, Azángaro, Sandia, Lampa, Huancané, San Román, San Antonio de Putina y Carabaya.
Urresti Elera, expresó su satisfacción por los acuerdos arribados y ratificó el compromiso del Ejecutivo por llevar adelante las acciones necesarias para erradicar la minería ilegal en el país, particularmente en el caso de la referida cuenca.