Viernes 17 de julio 2026 | Contáctenos
Madrid, 17 de julio de 2026.- En una espectacular acción de protesta, activistas de la organización ecologista Greenpeace se colgaron hoy del emblemático Arco de Moncloa, en Madrid, para desplegar una pancarta gigante con el lema: “Pedro, cumple tu palabra. Di NO a las nucleares”. La manifestación pacífica busca presionar de forma directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que mantenga el calendario oficial de desmantelamiento del parque atómico español acordado con las empresas eléctricas en el año 2019. Esta demostración pública tiene lugar apenas un día después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe de carácter preceptivo sobre las condiciones de seguridad requeridas para una potencial prórroga de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres.
La decisión final sobre el modelo energético recae en el Ejecutivo
La agrupación ambientalista Greenpeace enfatizó que, de acuerdo con la Orden Ministerial TED/773/2020, los reactores I y II de la planta de Almaraz deben ser los primeros en iniciar su proceso de desconexión definitiva en los años 2027 y 2028, respectivamente. Frente a los debates surgidos por el reciente pronunciamiento del CSN, la organización aclaró que dicho informe se limita exclusivamente a evaluar las condiciones técnicas de seguridad y no altera la potestad política y jurídica del Ejecutivo para rechazar o autorizar la extensión extraordinaria solicitada por las compañías eléctricas.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, instó al presidente del Gobierno a no ceder ante lo que calificó como presiones del sector eléctrico. Saldaña argumentó que las premisas técnicas para prolongar la operatividad de Almaraz han perdido validez, dado que el suministro eléctrico nacional se encuentra plenamente garantizado mediante la matriz de energías renovables. Asimismo, advirtió que prolongar artificialmente la vida útil de plantas obsoletas incrementaría los costos para los usuarios y entorpecería la soberanía energética del país.
Graves impactos económicos y trabas a la inversión en energías limpias
La organización ecologista Greenpeace sustentó sus reclamos basándose en un informe técnico elaborado de manera conjunta por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya. El estudio revela que conceder una prórroga de funcionamiento a Almaraz hasta el año 2030 representaría un sobrecoste acumulado de 3831 millones de euros en las facturas de la ciudadanía. De igual manera, advierten que esta extensión paralizaría inversiones estimadas en más de 26 000 millones de euros destinadas al desarrollo de plantas solares, parques eólicos y sistemas de almacenamiento energético.
Otro de los puntos críticos señalados por los expertos es el riesgo de un bloqueo estructural en el sistema eléctrico hacia finales de la década. Si se aplaza el cese de operaciones de Almaraz, se generaría un "efecto embudo" en el año 2030, obligando a desconectar simultáneamente cuatro reactores en todo el país (Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes), lo que restaría 4000 MW de potencia de golpe a la red nacional. De acuerdo con Francisco del Pozo, responsable de la campaña de energía de la ONG, la transición ecológica del país debe orientarse hacia un sistema descentralizado, flexible y completamente limpio que priorice los intereses de los ciudadanos por encima de los beneficios corporativos de las grandes multinacionales energéticas.
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