La primera vicepresidenta del Congreso, Carmen Omonte Durand, dijo que el tema de delitos informáticos es de interés público y tiene que ver con aquello que beneficia a todos, a la sociedad y la comunidad.
Asimismo, destacó que los delitos informáticos ponen en peligro información relativa a la defensa nacional y al orden interno; a la seguridad jurídica y económica de las empresas, de las personas naturales y también el derecho a la intimidad.
Sostuvo que la forma, la frecuencia y la gravedad con que se comete estos delitos se ha convertido ya en una alarma nacional e internacional.
Fue con ocasión de comentar la aprobación, por parte de la Comisión Permanente, de siete artículos de la Ley N° 30096 de Delitos Informáticos con la finalidad de disipar los temores que se generaron en varios sectores de la población por imprecisiones contenidas en la norma que podrían originar su eventual aplicación arbitraria.
Con ese objetivo, se dio luz verde al dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, orientado a cumplir con los estándares previstos en el Convenio de Budapest respecto de los delitos informáticos, y precisar los delitos de interceptación de datos informáticos e interceptación telefónica respecto a sus agravantes, entre otros fines.
Omonte Durand manifestó también que la Ministra de Relaciones Exteriores opinó favorablemente a la adhesión al convenio de BUDAPEST y dijo que se “viene efectuando consultas con otros sectores de la administración pública con el propósito de generar un acuerdo que permita, solicitar, al Consejo de Europa, una invitación para que el Perú se adhiera al convenio sobre ciberdelincuencia”.
Indico que este convenio ha sido aprobado por los países europeos y existe más de 50 países que lo han incorporado a su ordenamiento jurídico. En América lo han suscrito Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.
Asimismo, el dictamen propone derogar el delito de tráfico de datos de la Ley de Delitos Informáticos e incorporarlo en el Código Penal, permitiendo, además, que ese ilícito sea perseguible mediante el ejercicio público de la acción penal y no privada como lo es para los demás delitos contra la intimidad.
De igual forma, se precisa los agravantes en caso de discriminación e incitación a la discriminación cuando se perpetren mediante el uso de internet.
Finalmente, entre otras modificaciones sustanciales, se reforma el delito de proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios electrónicos.
El dictamen fue sancionado con 15 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, y fue exonerado del requisito de segunda votación por decisión de la Junta de Portavoces.