Domingo 05 de mayo 2024 | Contáctenos
La posibilidad de que el Poder Ejecutivo le conceda un indulto al ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos, la desparición forzada de nueve alumnos y un profesor de la Universidad de La Cantuta, y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti, y el empresario Samuel Dyer, ha sido rechazada por la Oficina en Washintong para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Por su parte, la asesora principal al programa de WOLA sobre Perú, Jo-Marie Burt, indicó que "la condena contra Alberto Fujimori, que fue impuesta el 7 de abril del 2009 y ratificada por la Corte Suprema el 30 de diciembre de 2009, se trató del primer caso en el que un ex presidente democráticamente electo fue procesado en su propio país por graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no existe justificación ni médica, ni legal para indultarlo".
Además agregó que "la comunidad internacional reconoce el proceso contra Fujimori como ejemplar y al condena como un paso determinante en la lucha contra la impunidad".
Cabe mencionar, que varios funcionarios del Estado se han pronunciado al respecto ya que, si bien esta forma de beneficio penitenciario existe en el derecho penal, el mismo se debe dar en condiciones específicas y su aplicación se encuentra excluida con respecto a ciertos delitos tanto en el derecho peruano como bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
De esa forma, tanto el ordenamiento jurídico peruano como el de otros países de la región, prohíben el indulto en casos de secuestro agravado y ante graves violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, dijo que "un indulto al ex presidente Fujimori significará una total contradicción con los pronunciamientos de la Corte Interamericana, que se encuentran amparados en tratados internacionales de cumplimiento obligado para nuestro país, por lo que enviará un mensaje de impunidad sobre el derecho que asiste a las víctimas y a la sociedad a obtener justicia frente a los derechos humanos y sus violaciones".
Finalmente, WOLA y CEJIL, dos reconocidas organizaciones con décadas de experiencia en temas de justicia en América Latina, hicieron un llamado a las autoridades del Estado peruano, incluyendo al Ejecutivo del presidente Alan García, así como al presidente electo, Ollanta Humala, para que puedan mostrar un compromiso con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y de esa forma puedan garantizar el pleno respeto del Estado peruano con sus obligaciones a nivel internacional.
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