Presentan noveno informe "Observatorio de conflictos mineros en el Perú"

En Perú, cerca de  25 millones de hectáreas  de territorio nacional se encuentra concesionado. Pese a crecimiento de concesiones no se tiene una agenda ambiental y social, como el ejercicio pleno del derecho a la consulta, la protección de las fuentes de agua, la necesidad de ordenar los usos del territorio. Temas que están a la base de los conflictos sociales en torno a la actividad minera.

“A noviembre del 2011, la cantidad de territorio concesionado en el Perú está cerca de 25 millones de hectáreas”, señala IX Informe de Conflictos Mineros en el Perú, realizado por tres organizaciones no gubernamentales vinculados al tema ambiental: Fedepaz, Grufides y CooperAcción.

El informe, presentado por Emma Gómez, Subdirectora de CooperAcción; y Marco Arana, de la ONG Grufides, también señala que en los últimos diez años las concesiones mineras se han duplicado en extensión y muestran la necesidad de cambiar una serie de políticas medio ambientales. En el informe se da cuenta de una serie de problemas a solucionar, como son: la inexistencia de una política integral de prevención y transformación de conflictos; así como la necesidad de contar con una autoridad ambiental autónoma e independiente.

Gómez Moreno recordó que –según el Ministerio de Energía y Minas- la inversión minera en nuestro país aumentó 67.2% entre enero y setiembre del 2011, en comparación a igual período del 2010, al registrar más de 4,667 millones de dólares. En los nueve primeros meses del año pasado alcanzaron los 2,791 millones.

Señaló que los conflictos mineros a octubre del 2011 llegan a los 227 activos, según reporte de la Defensoría del Pueblo. La cifra es prácticamente la misma que dejó el ex presidente Alan García a octubre de este año en términos cuantitativos, sin embargo -dijo- estos han aumentado en intensidad. “A cuatro meses del gobierno de Ollanta Humala hay conflictos que han tomado picos de crisis. La pregunta es por qué no se hizo nada para evitarlo”.

Este informe recoge casos de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, donde se siguen evidenciando fuertes tensiones por el impacto en los recursos hídricos, la protección de ecosistemas frágiles y el crecimiento de las concesiones.