Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
La CNDDHH, en representación de 79 instituciones defensoras de los derechos humanos expresa su total rechazo a las amenazas de muerte sufridas por Monseñor Pedro Barreto Jimeno el día 01 de marzo de 2012. Un miembro de la Pastoral Social de Dignidad Humana(Pasdih) de Huancayo, recibió una llamada telefónica en la que se amenazaba de muerte a él y a Monseñor Pedro Barreto Jimeno, quien recibió el Premio Nacional de la CNDDHH el año 2010. La llamada decía: “Tú y tu jefe se van a ir al cielo, vayan comprando su ataúd”. Estas amenazas también las ha recibido la ingeniera Paula Meza, directora del Proyecto El Mantaro Revive, organismo que realiza labores de investigación social y técnica en La Oroya.
Estos hechos se producen luego del pronunciamiento público de la Arquidiócesis de Huancayo que pide el respeto del derecho a la salud de los ciudadanos de La Oroya ante el inminente inicio de las operaciones de la empresa Doe Run Perú, en la ciudad de La Oroya, sin haber cumplido con su Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA). Por eso mismo, Monseñor Barreto consideró indigno que se amplíe el PAMA.
Exhortamos al gobierno central y a los congresistas a parar la ley de ampliación por tercera vez del PAMA de Doe Run que está en debate en estos días. Esta iniciativa legislativa promovida por el congresista Casio Huaire, no contiene ningún acápite que haga referencia alderecho a la vida y de vivir en un entorno sano. La empresa Doe Run tuvo diez años para invertir en proyectos que disminuyeran los daños ambientales que el complejo metalúrgico pudiera originar en la ciudad de La Oroya. Sin embargo, a lo largo de estos años, gobiernos anteriores concedieron a Doe Run Perú dos prórrogas que le permitieron postergar el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y seguir operando el complejo metalúrgico. Hoy en día hay fuertes demandas también de parte de los trabajadores de Doe Run que presionan para empezar las operaciones. Pero no es posible que el derecho al trabajo se contraponga al derecho a la salud de toda la población de La Oroya y exigimos al Estado que encuentre una solución que no polarice ambas demandas.
Por lo expuesto demandamos al gobierno otorgue todas las garantías a Monseñor Barreto y al equipo completo de PASDIH, así como a todas las personas que defienden el medio ambientey exige una solución acorde con el respeto de los derechos fundamentales de los pobladoresde La Oroya, como son el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano.
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