Sábado 04 de mayo 2024 | Contáctenos
Los expertos en derecho indígena Mark Rumler de Australia e Iván Bascopé de Bolivia, formaron parte del seminario internacional organizado por OXFAM: “Experiencias positivas de procesos de consultas a comunidades y pueblos indígenas en áreas de industrias extractivas”. Ambos reconocieron que los procesos establecidos en su país en materia de consulta pueden ser útiles en el marco de la implementación del reglamento de la Ley de Consulta en el Perú.
El abogado australiano consideró que el régimen válido para el norte de su país en materia extractiva puede extenderse a otras realidades pese a las complejidades de cada territorio.
Para el caso de Bolivia se señaló que aún hay mucho por hacer, ya que hasta el momento este país -pese a contar con una Ley de Hidrocarburos que establece la consulta- no se cuenta con una Ley para la minería en este aspecto.
El caso australiano
Mark Rumler, abogado defensor de organizaciones indígenas con un máster en derecho ambiental por la universidad de Dundee (Escocia), precisó que el elemento clave del consentimiento previo en Australia es la existencia de un Consejo de Tierras que es el mediador entre la comunidad y la industria. Este consejo es un ente significativo que emplea a abogados, antropólogos, mineros, científicos ambientales, funcionarios logísticos, entre otros; y está compuesto de un brazo ejecutivo y otro administrativo, explicó Rumler.
Los miembros son elegidos a través de elecciones regionales -donde eligen los propietarios tradicionales de territorios- y deben ser ratificados por el mismo consejo.
A la junta que conforman todos, se le llama el consejo completo, y ellos toman las decisiones finales y operativas, inclusive todo lo relacionado a los acuerdos mineros.
En la región norte de Australia que posee un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados y una densidad poblacional muy baja (150 mil habitantes) existen cuatro consejos de tierras.
Fuentes de la Ley
El reconocimiento de los derechos aborígenes a las tierras en Australia no existía hasta antes de la década de los setenta. Fue en 1976 luego de diferencias entre poblaciones indígenas y compañías extractivas que se establece una justicia de tierras. Así, aquel año se estableció en el territorio norte el derecho a las tierras aborígenes y esto se convirtió en Ley, señaló Rumler.
“Esta ley creó un nuevo interés de propiedad bajo el contexto australiano. Una propiedad comunal inalienable. Esto quiere decir que el título subyacente no podía ser deshecho, entregado, regalado ni vendido a pesar de ser consistente con la idea de otros intereses que se puedan otorgar”, aseveró el abogado.
Rumler, quien es asesor legal del Consejo de Tierras Norte en su país para la negociación y acuerdos con empresas mineras, sostuvo en otro momento que actualmente en su país hay un consentimiento único y resalta al momento en que una compañía busca los derechos del territorio bajo su régimen minero a través de una concesión para exploración.
Precisó que el proceso de consulta “puede conducir a una expectativa genuina de llevar la exploración pero no a la expectativa específica de llevar a cabo una operación específica que normalmente está regulado no por el sistema ambiental”.
“No hay propiedad privada para minerales o petróleo en Australia (…) el Estado es propietario de los recursos del subsuelo, los minerales, el petróleo, el gas, por lo tanto se tiene que otorgar una concesión. Éste es el derecho más básico y punto”, sentenció.
En caso de que la consulta sea favorable a la concesión ésta se da bajo un contrato privado entre el Consejo de Tierras y la empresa sin que el gobierno sea parte del contrato, explicó luego.
Cargando...