Poder Ejecutivo aprueba Plan de Acción de Gobierno abierto para promover la democracia

La Presidencia del Consejo de Ministros publicó hoy la Resolución Ministerial N° 085-2012-PCM, que aprueba el Plan de Acción del Perú para su incorporación a la Sociedad de Gobierno Abierto. Se cumple así con un compromiso asumido en la 66º Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en setiembre de 2011. 

La iniciativa promueve la democracia y los derechos humanos, estableciendo compromisos en materia de transparencia y acceso a la información pública, integridad pública, participación ciudadana y gobierno electrónico para la mejora de los servicios ciudadanos.

El Plan de Acción es la concreción de la voluntad del Gobierno del Perú, expresada en el marco de la 66º Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en setiembre de 2011. Para  su elaboración, se conformó un Grupo de Trabajo integrado por entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, las que elaboraron una versión  preliminar que fue materia de consulta ante los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, también ante el Poder Legislativo y Judicial; así como asociaciones de gobiernos regionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. 

Para asegurar su mayor difusión, la versión preliminar del Plan de Acción fue publicada en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre el 1° y el 20° de marzo, recibiendo importantes aportes ciudadanos.

El Plan de Acción será presentado en la 2º Reunión de la Sociedad de Gobierno Abierto que se llevará a cabo en Brasilia los días 17 y 18 de abril próximo.  Esta sesión contará con la participación de la Presidenta de Brasil y la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y será un foro en el que participarán altas autoridades de más de 50 países de todo el mundo, así como representantes del Estado y la sociedad civil.

La implementación del Plan de Acción del Perú, inicialmente formulado para el período 2012 – 2014, será objeto de un seguimiento que también contará con la actuación de la sociedad civil y el compromiso de las entidades públicas de promover su cumplimiento y optimización.