La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a trescientos pobladores de Puerto Nuevo, en el Callao, por intoxicación por plomo.
El Estado peruano se ha negado a cumplir las medidas cautelares del 27 de diciembre del 2010, renovadas el 28 de julio del 2011 sin que se haya cumplido alguna de ellas.
Los pobladores solicitan al Estado peruano la eliminación de la contaminación, reubicación de las empresas que almacenan minerales de plomo o reubicar a la población afectada.
También demandan al Estado su derecho a conocer el "Estudio de Determinación de Responsabilidades y Remediación en los Depósitos de concentrados de minerales del Callao durante la manipulación de concentrados de minerales".