Jueves 02 de mayo 2024 | Contáctenos
En las últimas semanas el gobierno del MAS ha estado muy activo elaborando medidas económicas antipopulares que inmediatamente han alborotado a los sectores afectados. El proyecto de ley sobre la “extinción de dominio de bienes” en favor del Estado; la millonaria venta de bonos en el extranjero; la precipitada aprobación de la Ley Financial fijando un miserable incremento de sueldos y salarios que no llega al 6%; la obligación de los que perciben primas superiores a 13 mil bolivianos de “aportar” al “régimen solidario de pensiones”, entre otras disposiciones, tienen la clarísima direccionalidad de ahorrar plata y captar recursos para el Tesoro y el régimen de pensiones que, antes de ser plenamente aplicado, se tambalea.
El gobierno percibe que muy rápidamente se van a sentir en el país los efectos de la descomunal crisis internacional que está sacudiendo los cimientos del capitalismo; que no existen perspectivas auspiciosas en el negocio de la venta de gas a Brasil y Argentina, y que la exportación de minerales también puede sufrir una sensible caída como consecuencia de la recesión mundial.
Por otra parte, el régimen divisa una tormenta de conflictos sociales en el horizonte en torno a muchos problemas no resueltos como el miserable incremento salarial; las rentas de hambre para los sectores con más potencial de conflictividad como son los maestros, mineros, fabriles, etc.; y otros problemas de diferente naturaleza que hacen a la estructura misma del país (regionales, conflictos de límites, enfrentamientos entre diferentes formas de propiedad, presupuesto para los servicios más importantes como educación y salud, etc.).
Pocos días antes del Censo, en diferentes regiones del país se han instalado bloqueos de caminos exigiendo que se corrijan los datos cartográficos erróneos que suponen pérdidas territoriales para muchos municipios y, consecuentemente, grandes perjuicios económicos para sus regiones. El gobierno, inútilmente, ha explicado que el censo no va a afectar a estas regiones con problemas limítrofes y que existen instancias posteriores para regularizar las disputas territoriales.
La noche del viernes 16 de noviembre, un contingente policial reprimió brutalmente a los pobladores de Colomi con la intención de reabrir el tránsito entre Cochabamba y Santa Cruz. La población reaccionó de tal modo que la fuerza policial se vio cercada y en el enfrentamiento se produjeron muchas bajas en ambas partes. A pesar de todo lo ocurrido, el bloqueo persistió en varios puntos del Trópico cochabambino impidiendo el libre tránsito de pasajeros y del transporte pesado. Faltando pocas horas para la realización del Censo, la medida persiste poniendo en riesgo la materialización del mismo.
¿Por qué las poblaciones persisten en el intento de impedir el Censo? Hay una sola explicación: no tienen ninguna confianza en el gobierno y por ello todas su explicaciones y justificaciones caen en saco roto; la gente sabe que las autoridades dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Este gobierno, que al inicio del mandato gozó de gran autoridad política en el Chapare, ahora no puede hacer absolutamente nada frente a la decisión de la población de hacer respetar sus derechos regionales.
Meses atrás, los conflictos de Mallku Qota y Conquiri llegaron a tal grado de beligerancia, con rehenes, muertos y heridos de por medio, que polarizaron al país involucrando a grandes capas sociales en uno u otro sentido. El gobierno ha usado en todos los casos una maniobra perversa; inicialmente ha adoptado una actitud contemplativa repitiendo el slogan del “diálogo”, esperando que los bandos en pugna se cansen, terminen cediendo en sus posiciones y se dé el clima adecuado para maniobrar con la complicidad de las direcciones sindicales oficialistas y traidoras.
Sin embargo, esta táctica ha fracasado en la mayoría de los casos porque cuando las tensiones sociales se han acentuado desmesuradamente, los contendientes han llegado al enfrentamiento físico, y el gobierno se ha visto obligado a encontrar salidas coyunturales para aplacar a los inconformes momentáneamente, sin tocar las causas estructurales de los problemas. De este modo aparente, se han resuelto los conflictos para nuevamente resurgir casi inmediatamente.
En Mallku Qota los comunarios divididos en dos bandos opuestos, unos que quieren hacerse cargo del yacimiento para explotarlo en forma de cooperativas y los otros que defienden abiertamente a la transnacional canadiense con la finalidad de lograr regalías y otros beneficios directos para sus comunidades, vuelven a enfrentarse con saldo de varios heridos. En Colquiri, una semana después de promulgados dos decretos supremos que supuestamente daban por resuelto el conflicto en la región, se ha producido un nuevo enfrentamiento a dinamitazos entre cooperativistas y mineros asalariados con un saldo de hasta 20 heridos.
La causa de todo lo que está ocurriendo en Colquiri y Mallku Qota es que el gobierno pretende imponer la explotación compartida de formas de propiedad y producción que se contraponen porque representan intereses materiales opuestos en sus expresiones sociales (cooperativistas y asalariados). Una vez más, la realidad se encarga de demostrar el subjetivismo de los postulados teóricos del MAS, sobre todo la denominada "convivencia armónica y complementaria" de diferentes formas de propiedad existentes.
En realidad, el gobierno del MAS tiende a potenciar las formas de propiedad privada (pequeña, mediana y grande) como una de las manifestaciones de su acelerada derechización, en desmedro de los asalariados. Aquí radica su gran debilidad política, la cual tendrá un alto costo electoral en la medida que gran parte de la población se identifica con los asalariados y con la necesidad de la nacionalización de toda la minería.
El problema central para el gobierno es cómo impedir que las ondas expansivas de la crisis mundial tengan efectos devastadores sobre la débil economía del país. Al igual que todos los gobiernos burgueses del planeta, pretende descargar sobre las espaldas de la población el peso de la crisis. Cada una de las medidas económicas que pretende aplicar afectan directa o indirectamente a los diferentes sectores, empeorando sus condiciones de vida y de trabajo.
¿En qué se diferencia Evo Morales de Rajoy? ¿Acaso ambos no buscan paliar la crisis a costa de afectar las conquistas sociales de los trabajadores, como por ejemplo reducir el salario real o las rentas de los jubilados? La actual Ley de Pensiones aprobada con la complicidad de la burocracia sindical, esencialmente, es la misma capitalización individual que impuso el neoliberalismo después de 1997, ya que las rentas siguen dependiendo del ahorro individual de los trabajadores. La pequeña diferencia con la ley de capitalización individual es que el patrón privado aporta un miserable 3% del sueldo de sus dependientes, mientras que el trabajador aporta más de 13% para invalidez, vejez, muerte y para las rentas por riesgo común. El Estado como tal no aporta un solo centavo para mejorar las rentas de los trabajadores con relación de dependencia obrero patronal.
Los trotskistas, oportunamente, habíamos denunciado la naturaleza tramposa de la actual ley de pensiones; habíamos señalado que, en el mejor de los casos, las rentas llegarían apenas al 70% del promedio de los últimos 24 sueldos del trabajador activo si éste tiene más de 35 años de aportes. También advertimos que los sectores más afectados serán aquellos que trabajaron durante los últimos 25 años bajo el régimen de la libre contratación porque no llegarán a reunir el mínimo de aportes requeridos para lograr el 70%, y que una gran parte de los trabajadores agonizarán en su tercera edad con rentas de 700 y 800 bolivianos.
Esta campaña que realizamos ha sido sañudamente combatida por el gobierno y los dirigentes sindicales oficialistas gastando millonarios recursos en spots publicitarios. Ahora, la realidad se ha encargado de darnos la razón. Los trabajadores de los diferentes sectores están sufriendo en carne propia las consecuencias de la aplicación de la nueva Ley de Pensiones y la burocracia cínica agacha la cabeza para evitar el repudio de la gente.
Todos los gobiernos que defienden los intereses de la clase dominante en Grecia, en España, en Italia, en la China o América, tienen una regla de oro: garantizar que los dueños de la gran propiedad privada de los medios de producción sufran el menor impacto posible de la crisis del sistema capitalista, pero a costa de aumentar las penurias de las mayorías explotadas y oprimidas.
Los explotados de las diferentes latitudes del mundo se levantan contra estas medidas antiobreras y antipopulares de sus gobiernos, en un intento de impedir que la barbarie termine destruyéndolos físicamente. De la misma manera, los explotados bolivianos no tienen otro camino que organizarse férreamente para luchar en defensa de su derecho a vivir en condiciones humanas, e impedir por todos los medios que las conquistas sociales, políticas y económicas de los trabajadores sean destrozadas por el gobierno.
Se debe elaborar un pliego único nacional que englobe las necesidades de todos los sectores laborales y sociales; los trabajadores deben movilizarse por sueldos que cubran todas sus necesidades vitales, por rentas que le permitan vivir su tercera edad en condiciones humanas; los sectores cuentapropistas, por tener ingresos que les permitan mantener a sus familias en condiciones normales; los campesinos, por el derecho al acceso universal a la tierra en forma de propiedad social. La respuesta natural de los afectados es la acción directa que se materializa en bloqueos de caminos, marchas, huelgas y toma de centros de trabajo.
* Dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba y del POR.
Nota publicada en BolPress
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