El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señaló que la sanción contra PLUSPETROL Norte ha sido una resolución de segunda instancia que se aplicó porque se verificó que esta empresa no estaba aplicando el Programa de Adecuación Complementario en zonas donde había pasivos ambientales.
Indicó que el hecho de que la empresa acuda al Poder Judicial es una práctica que lleva a que muchas sanciones no se paguen, razón por la que el Ministerio del Ambiente aprobó un proyecto de ley que manda que en el futuro el administrado sancionado a nivel de la administración pública y que quiera ir al Poder Judicial deba constituir una garantía para iniciar su proceso judicial.
El ministro sostuvo que el elemento político central es generar una mayor credibilidad alrededor de los estudios de impacto ambiental, esto a través del hecho de que sea una entidad especializada e independiente la que apruebe los mismos.
Acerca de la ley de la consulta previa, Pulgar Vidal manifestó que esta ha sido asumida con mucho liderazgo por este gobierno, donde la ley y el reglamento se han hecho bajo esta administración.
Comentó que el leyó en la revista Mundo Minero que la compañía Talismán se había ido del Perú por razones que no tenían nada que ver con la realidad, ya que esta empresa se fue del país por razones comerciales.
Consultado sobre la ampliación del plazo en el diálogo en Espinar, el titular del Ambiente precisó que esto deriva de las propias actas de los grupos de trabajo que entienden que requieren más días.
Además, refirió que no hay ninguna condición que permita suponer que la operación Conga se esté desarrollando. Afirmó que su interés como ministro es que se concluyan los reservorios y aseguró que el gobierno no va a entrar a inclinar la balanza y que es claro que este proyecto está suspendido.