Juez ordena desalojo expiditivo en el predio de Patapón, en Batán Grande, Chiclayo

Una probable batalla campal, con consecuencias presumiblemente funestas, podría desatarse el próximo 18 de junio, en el desalojo de los 7 mil pobladores del predio Patapón en Batangrande, según la  resolución Nº 19, expedida por la juez Cecilia Costa Gonzales del Tercer Juzgado Liquidador Transitorio, quien ordena el desalojo expeditivo a fin de recuperar las 130 Has. que la empresa Pucalá reclama supuestamente como suyas.

“Disponer que la diligencia de lanzamiento se ejecute contra todas las personas que se encuentren ocupando el bien, utilizando los apremios que la ley faculta, esto es, descerrajes, destrucción de escombros, de objetos y otros, a fin de dar cumplimiento al presente mandato judicial”, señala la resolución judicial.

Según se puede entender del lenguaje de la jueza, cuando dice “destrucción de escombros, de objetos y otros”, faculta al personal policial para que destruya casas, cercos y locales comunales como escuelas construidas por los moradores de la zona, sin que con el uso de “los apremios de la ley” no se puedan cometer excesos.

Para cumplir tal objetivo, es decir, la destrucción de todo lo que está en pie allí, la jueza ha enviado oficios al director de la Policía Nacional del Perú, en Lima, “para que preste garantías con 500 efectivos policiales” al director territorial de Lambayeque “para que igualmente  preste garantías con 300 policías”, al igual que al ministro de Interior “para que proporcione 500 policías de la DUES” todos ellos “con armamento de guerra”.

Es más, como si tuviera un presentimiento de lo que pueda suceder, la magistrada ha enviado sendas alertas al hospital del Ministerio de Salud y de Essalud “para que presten primeros auxilios en la zona de acción, ante un eventual emergencia que pudiera surgir durante la diligencia”.

Asimismo, ha cursado oficio al Ministerio Público para que disponga la coocurrencia de varios fiscales de prevención del delito. Por otro lado, “con carácter de muy urgente” ha enviado un oficio al director de Educación para que “suspenda toda actividad en los colegios ubicados en el entorno de la zona en donde se efectuará el lanzamiento”.

Aunque este es el octavo intento para desalojar a los posesionarios que aseguran vivir desde hace más de 10 años en la zona, la resolución expedida por la jueza Cecilia Costa Gonzales, no deja de ser preocupante.

Fuente: Diario El Ciclón de Chiclayo