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Martes 06 de agosto 2013

Presidente del Consejo de Ministros niega injerencia sobre el Poder Judicial

Sobre el caso del operativo ‘Chavín de Huántar’.
Presidente del Consejo de Ministros niega injerencia sobre el Poder Judicial
Foto: pcm.gob.pe

El Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, afirmó ayer que la reunión entre los representantes del Ejecutivo y del Poder Judicial sobre el caso del operativo ‘Chavín de Huántar’ respondió a una política de Estado para coordinar y articular la defensa del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y rechazó enfáticamente cualquier intención de interferir en la decisión de esta institución.

En conferencia de prensa junto con los ministros de Defensa, Pedro Cateriano Bellido; y de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo Rivadeneyra, Jiménez Mayor recordó que, de acuerdo a la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Justicia tiene competencia para coordinar con los poderes del Estado con el fin de velar por una pronta y eficaz administración de Justicia y por una eficiente defensa ante los organismos supranacionales.

En ese sentido, dijo que él, como entonces ministro de Justicia y presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, utilizó estas atribuciones legales y jurídicas, con el fin de articular una estrategia del Perú ante la Corte de San José y dejar en claro que la actuación de los comandos que hicieron la operación de rescate de rehenes fue impecable y dentro del marco de la ley.

El Jefe del Gabinete detalló, además, que fue él quien solicitó la mencionada reunión a la que acudió con el entonces agente peruano ante la CIDH, Pedro Cateriano, y en la que debían estar todos los miembros de la Tercera Sala Penal Liquidadora, que veía el caso. No obstante, solo asistieron la presidenta del tribunal, la jueza Carmen Rojjasi, y el entonces Presidente de la Corte Suprema, doctor César Martín, quien en todo momento enfatizó la independencia del Poder Judicial.

Jiménez Mayor señaló que, debido a la especial circunstancia de un caso abierto en sede nacional y en la CIDH, ameritaba que se realice una coordinación para estructurar la defensa del Estado peruano. Luego de esa reunión, realizada en mayo del 2012, se presentó la contestación de la demanda ante la Corte Interamericana el 17 de agosto.

El Presidente del Consejo de Ministros rechazó cualquier mala interpretación que se quiera hacer de este encuentro, que se desarrolló en la sede del Palacio de Justicia y que ya era de conocimiento público, y que de ninguna forma constituye un acto irregular por parte del Poder Ejecutivo. Además, refirió que existe una comisión multipartidaria, conformada por todos los representantes de los sectores políticos del país, que son informados periódicamente sobre el curso del caso Chavín de Huántar.

Finalmente, expresó su indignación por la existencia de esta “subcultura del ‘chuponeo’” y de la interceptación y violación permanente de las comunicaciones y conversaciones por parte de organizaciones criminales, que han manipulado, de modo grosero, el contenido de este audio al que calificó de ilegal y sin valor probatorio alguno. Por ello, anunció que interpondrán la denuncia penal correspondiente por este hecho.

COORDINACIÓN NECESARIA

A su turno, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, señaló que la reunión de coordinación con los representantes del Poder Judicial era necesaria dado que la demanda del Estado peruano ante la CIDH se produjo en una circunstancia atípica, pues aún estaba en curso el proceso en el fuero nacional.

Por ello, dijo que era de suma importancia recabar información y tener un conocimiento cabal del expediente y, así, elaborar una estrategia para desbaratar los argumentos que pretendían acusar falsamente a los comandos que participaron en el operativo ‘Chavín de Huántar’.

Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, ratificó lo expuesto por el Presidente del Consejo de Ministros sobre las atribuciones de su sector para establecer relaciones de coordinación con otros poderes y organismos autónomos como parte de la política de defensa del Estado.

 

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