La Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó reiterar su invitación al fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, para que informe sobre el estado de la investigación abierta respecto de presuntas irregularidades en la adquisición de inmuebles por parte del expresidente Alejandro Toledo y otras personas vinculadas al caso, y en torno al origen de los fondos para esas adquisiciones.
Lo informó el presidente de ese grupo parlamentario, Vicente Zeballos Salinas (SN), luego de dar a conocer una carta remitida por el titular del Ministerio Público en la que se excusa de acudir a la citación hecha para la sesión extraordinaria convocada para el viernes 13, argumentando que ello “no resulta viable” en mérito al principio de la separación de poderes y al hecho de que las indagaciones que realiza tienen carácter reservado.
Los argumentos del fiscal no fueron aceptados por Heriberto Benítez (SN) ni por el titular de la Comisión, por cuanto, dijeron, no se trata de interferir en el trabajo que realiza el órgano jurisdiccional, sino de intercambiar información como se ha hecho en anteriores oportunidades por otros fiscales, a solicitud del Congreso.
En todo caso, el fiscal podría solicitar una sesión reservada para tratar el tema, sugirió Zeballos.
Testigo declara
En sesión extraordinaria celebrada en la fecha, la Comisión recibió el testimonio de Javier Silva Chueca, gerente de Actualisap Perú S. A., expropietaria de la oficina, tres estacionamientos y un depósito, adquiridos a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, y cancelados presuntamente con fondos provenientes de la empresa costarricense Ecoteva.
No obstante, el testigo sugirió que las negociaciones previas a la adquisición de esos inmuebles habrían sido realizadas por el exmandatario, quien lo llamó en una oportunidad para solicitar comunicarse con Mario Aranda Briceño, uno de los tres socios de Actualisap y quien encabezó las negociaciones que concluyeron con la firma del contrato de compra-venta.
Según Silva Chueca, la compra de la oficina, ubicada en el edificio ‘Omega’, en el distrito de Santiago de Surco, fue ofertada a uno de los socios de la empresa y no pudo ser rechazada porque el monto ofrecido superaba en un 80% al precio que había sido adquirida un año antes.
El testigo precisó que la oficina no estaba en venta y tampoco estaba ocupada porque se encontraba en proceso de adecuación. Actualisap había adquirido los tres ambientes pagando 497,150 dólares, y el nuevo propietario les ofrecía US$ 882,400, lo que resultaba una cifra “atractiva”, según dijo.
Agregó que se enteró de la identidad del comprador cuando acudió a la notaría para recibir el segundo de los dos cheques, girados el 21 de agosto y el 5 de septiembre de 2012, con que se canceló la compra, y firmados por Eva Fernenbug. Los cheques fueron entregados por el apoderado legal de esta, David Eskenazi Becerra.
El abogado del testigo, Fernando Castañeda, comentó que ese tipo de sobrepago por un inmueble era “perfectamente habitual” en una época de boom inmobiliario, y desestimó la opinión del congresista Benítez en el sentido de que se haya tratado de una forma de lavado de activos.
Informe de la UIF
Concluida la presentación del testigo, la Comisión pasó a sesionar en forma reservada para recibir el informe ampliatorio del superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa Chiroque, respecto al informe emitido por esta entidad en el caso del expresidente Alejandro Toledo y el resultado del levantamiento de su secreto bancario.