Sábado 20 de abril 2024 | Contáctenos
Perú encabeza la lista de países de América con mayor número de revocatorias en su historia, al registrar 5,303 desde 1993, año de introducción de este mecanismo, según estadísticas.
Le siguen Estados Unidos con más de 4,000, con la salvedad de que la revocatoria fue implementada en 1903; Ecuador con 78, que instauró dicha consulta popular hace 15 años; y Colombia con 33, que tiene ese tipo de procesos desde 1991.
La lista la completan Venezuela con 10 desde 1999, y Argentina con media docena (con revocatorias desde 1933).
Para la especialista argentina-suiza Yanina Welp, citada en el boletín Revocatoria en Debate, la existencia del mecanismo y su adecuada regulación contribuye a generar válvulas para preservar el sistema político.
Sin embargo, advirtió, su uso intensivo provoca más problemas de los que resuelve.
En su opinión hay cuatro factores que activan la revocatoria: primero, la insatisfacción de la ciudadanía con la gestión de la autoridad; y segundo, la facilidad para impulsar ese mecanismo dado que los porcentajes de firmas requeridos son fáciles de obtener.
Igualmente, los incentivos para su empleo, a los cuales calificó de "perversos", al referir que muchos promotores poseen un fuerte interés por apurar el final de un gobierno regional o local y propiciar nuevas elecciones.
En último lugar figuran las garantías institucionales para su activación, que se relaciona con la confianza que la ciudadanía tiene en sus organismo electorales.
Frente a ese contexto, la especialista recomendó abrir un debate serio y establecer reglas de juego más claras, a fin de no afectar la credibilidad de la ciudadanía en dicho mecanismo de consulta.
Dijo que una vez iniciada la recolección de firmas se deben generar espacios previos, como audiencia públicas que permitan a las autoridades y a los promotores argumentar sus respectivas posiciones ante la población.
Además consideró necesario debatir otros mecanismos de participación ciudadana, que podrían ser más efectivos, como la vacancia para casos de incumplimiento de funciones.
Fuente: Andina
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