Jueves 18 de abril 2024 | Contáctenos
El Ministro del Interior, Walter Albán Peralta, dispuso la conformación de una Comisión Sectorial encargada de elaborar la propuesta para la recuperación de la exclusividad de la función policial mediante la supresión del servicio denominado 24 X 24.
La referida Comisión se constituyó mediante Resolución Ministerial N° 1676-2013-IN publicada en el Diario Oficial El Peruano, y estará presidida por un representante del Ministerio del Interior, e integrada por los Viceministros de Orden Interno y de Gestión Institucional, así como por la Secretaría General del Ministerio del Interior.
Asimismo, integrarán la Comisión el Director General de la Policía Nacional, el Jefe de Estado Mayor, el Inspector General, el Director Nacional de Operaciones Especiales, el Director Nacional de Gestión Institucional y el Director Ejecutivo de Personal de la Policía Nacional del Perú, entre otros altos mandos policiales.
La norma establece que la Comisión Sectorial deberá presentar un informe para la recuperación de la exclusividad de la función policial que contenga: un Diagnóstico situacional del personal policial a nivel nacional, los Efectos de la aplicación del servicio 24 x 24; un Análisis económico sobre la supresión de la modalidad 24 x 24, y una Propuesta normativa para la supresión de la modalidad 24 x 24.
La resolución también señala que la Comisión podrá conformar Grupos de Trabajo para temas específicos, para lo cual podrá contar con destacados especialistas en la materia y podrá invitar a representantes de instituciones públicas y privadas e instituciones académicas, así como a representantes de la sociedad civil para el cumplimiento de sus fines.
La comisión deberá instalarse en los próximos tres días a partir de la publicación de la norma y tendrá 30 días para presentar su informe.
Como se sabe, desde que se estableció el servicio policial 24 x 24, las bajas remuneraciones motivaron que el personal policial buscara otras fuentes de trabajo para complementar sus ingresos, motivando que la prestación de servicios particulares se incremente de manera indiscriminada, perjudicando la dedicación exclusiva, la calidad del servicio y la imagen de la institución frente a la ciudadanía.
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