Jueves 18 de abril 2024 | Contáctenos
La Comisión de Ética que preside el legislador Humberto Lay Sun (GP UR), desestimó por mayoría, investigar a los congresistas de Fuerza Popular, Kenji Fujimori y Julio Gagó en el caso de la acusación interpuesta por el legislador Rennán Espinoza (NGP) por supuestamente impedir a agentes del INPE cortar una comunicación de Alberto Fujimori con una radioemisora.
En la sesión del lunes 2, los legisladores Kenji Fujimori y Julio Gagó presentaron sus descargos explicando que cada uno de los cuatro argumentos de la acusación ‘eran falsos’.
Gagó detalló mostrando fotos y vídeos del propio INPE que aseguraron en ningún momento usaron fuerza física ni verbal, que no formaron una barrera humana para impedir que los agentes ingresen al recinto donde estaba Fujimori usando el teléfono para la entrevista. Finalmente, reconocieron que los miembros del INPE no procedieron a cortar la comunicación porque hay un vacío legal que no les permite actuar.
Asimismo, respaldó su teoría de que no incurrieron en inconducta funcional porque en otras dos oportunidades y sin presencia de ningún legislador, Alberto Fujimori ha dado entrevistas telefónicas a diferentes medios de comunicación, sin que el INPE se lo impida.
El legislador Kenji Fujimori, hijo del ex presidente encarcelado, sostuvo que el día de la entrevista (8 de noviembre) hubo un receso de las sesiones del Parlamento, momento que aprovechó para ir a ver a su padre quien había sufrido un alza de presión. Dijo que solo se limitaron a sentarse al lado de Alberto Fujimori, con lo cual respaldó la posición de Gagó.
Los legisladores Leonidas Huayama Neira (NGP) y Rogelio Canches (NGP) coincidieron en la necesidad de abrir investigación porque la sola presencia de dos congresistas puede llegar a ser un motivo de presión ante un agente del INPE. Además, se refirieron a declaraciones de la enfermera y del agente que custodiaba a Alberto Fujimori, quienes sostuvieron que ambos legisladores dijeron que el interno no estaba prohibido de dar declaraciones y que se abstuvieran de dar sus pareceres.
El legislador y jurista Martín Belaunde (SN) calificó el hecho como un caso de ‘disuasión moral’, que no constituye de ninguna manera impedimento físico contra los agentes del INPE.
La votación finalmente fue siete a favor de archivar el caso y seis en contra.
También en votación y por mayoría, la comisión declaró improcedente la denuncia presentada contra los congresistas Julio César Gagó (FP) y Héctor Becerril (FP), quienes presuntamente habrían lesionado el honor del congresista Rennàn Espinoza Rosales al calificarlo de “prontuariado” o de “carecer de calidad moral para presentar una denuncia ante la Comisión de Ética”.
De acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política del Estado, 14 y 17 del Reglamento del Congreso de la República, los congresistas en ejercicio de sus funciones no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, y no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten, consta en el informe de calificación de expedientes de la Comisión de Ética.
Cargando...