Viernes 19 de abril 2024 | Contáctenos
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte recibirá el lunes 11 al presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez Benites, para que explique las acciones emprendidas por este organismo para hacer frente a las denuncias presentadas contra autoridades de la Universidad ‘Inca Garcilaso de la Vega’ (UIGV), por las exageradas remuneraciones mensuales que percibirían el rector, decanos y otras autoridades que gozan de la confianza de la máxima autoridad de esa casa de estudios.
Así lo informó el viernes 7 el congresista Daniel Mora Zevallos (PP), titular de ese grupo de trabajo legislativo, encargado por el Pleno de investigar las irregularidades denunciadas por diversos medios de comunicación en las últimas semanas. La autoridad universitaria se presentará a las 12 y 30 de la tarde.
Mora Zevallos dio a conocer también una resolución de la ANR mediante la cual se nombra una comisión informante para indagar sobre las denuncias contra las autoridades de la UIGV, omitiendo –según dijo- lo dispuesto en la Ley Universitaria vigente, que la autoriza a nombrar una comisión interventora cuando se presentan denuncias de irregularidades académicas o administrativas en cualquier universidad privada.
De otro lado, la comisión recibió el testimonio del estudiante Juan José Racchumi Salas, quien se encuentra suspendido por dos ciclos en la Facultad de Administración de Empresas, como consecuencia de la denunciada presentada contra él y un grupo de estudiantes de Derecho, acusados de “dañar la imagen de la universidad y fomentar disturbios”, luego de haber realizado una marcha al rectorado para exigir las explicaciones del caso por denuncias difundidas por la prensa.
Cuando se le preguntó al joven por qué no presentó su caso ante la Defensoría del Estudiante de la UIGV, dijo que no hubiera logrado ningún apoyo porque la titular de esa instancia es una de las hijas del rector.
Esas acciones -consideradas represalias por el testigo- han infundido temor entre los estudiantes de la UIGV ya que, además, son víctimas de un ‘servicio de inteligencia’ que funciona al interior y que hace ‘reglaje’ a los que expresen públicamente su disconformidad, según dijo.
A la sesión habían sido convocados también tres decanos de la cuestionada universidad, pero se excusaron alegando diversas razones, lo que fue considerado como una “maniobra” de esas autoridades universitarias para alargar y retrasar las investigaciones.
En efecto, el decano de la Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial, Víctor Rojas Hernández, presentó un certificado médico para confirmar que había sido intervenido quirúrgicamente y se encontraba con descanso médico.
Por su parte, los decanos de las facultades de Psicología y Trabajo Social y de Educación, Graciela Villegas García y Carlos Oyola Martínez, respectivamente, en sendas cartas exigieron que la Comisión les señalara específicamente los cargos que pesan en su contra y los documentos que los sustentan.
Ellos volverán a ser citados, con los apremios del caso, ya que, según el presidente del grupo investigador, este no hace imputaciones y solo se encarga de entrevistar a los involucrados para después establecer las responsabilidades de cada quien. (jvs)
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