Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
La alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, asistió el miércoles 12 a la Comisión de Fiscalización para informar sobre la clausura del exmercado mayorista “La Parada” y la decisión de algunos de los comerciantes de permanecer en el lugar.
La decisión municipal fue calificada de “injusta, de atropello, y de violación del derecho de los comerciantes” por los congresistas de Fuerza Popular Julio Rosas, Juan Díaz Dios y Héctor Becerril (quien abandonó la sesión porque, dijo, la explicación de la alcaldesa no había sido satisfactoria) y de Yonhy Lescano (AP-FA).
La mayoría de los miembros de la comisión propuso a la alcaldesa que dialogue con los comerciantes que se resistieron al traslado. Mauricio Mulder (CP) opinó que el proceso de desalojo comenzó mal, pero en la determinación final había que apoyarla y respaldar la autoridad municipal. Sin embargo, afirmó que debería haber un proceso de diálogo permanente y no hacerlo sería un error. “La autoridad se impone, pero sin diálogo es un riesgo, y puede traer consecuencias lamentables”.
De igual forma, los congresistas oficialistas Rubén Coa y Cristóbal Llatas expresaron su acuerdo en que exista el diálogo entre el municipio y los comerciantes; mientras que Mariano Portugal (PP-AP) dijo que se trataba de decidir entre el interés público y el privado y que el diálogo debería darse sin condiciones.
A su vez, Víctor García Belaunde (AP-FA) comentó que “se hizo bien en la mudanza”, pero el diálogo con los comerciantes que aún permanecen en “La Parada” debe ser para que salgan y no para que se queden.
Becerril Rodríguez dijo que hubo “desesperación” de la alcaldesa por cerrar el mercado “La Parada” y que “solo quiso salvar su gestión, pero no ha hecho nada”, agregó.
Su colega de bancada, Juan Díaz Dios, afirmó, al pedir la palabra, que no se podía hostigar a los comerciantes en sus derechos fundamentales y que lo que se estaba haciendo con ellos era una forma de violencia.
En su exposición, la alcaldesa recordó que en septiembre de 2013 se decidió, por resolución de la municipalidad y en base a criterios de la ley, clausurar el exmercado mayorista por su alto riesgo e insalubridad (determinado por Defensa Civil). Dijo que se decidió su clausura en un acto administrativo después de 20 años.
Frente a esta decisión, un grupo de aproximadamente 70 comerciantes interpusieron 24 acciones de hábeas corpus y 30 acciones de amparo, de las cuales 27 fueron declaradas improcedentes.
A diez días de la clausura del exmercado ya no se comercializaba nada, dijo la alcaldesa Villarán. Aclaró que la Defensoría del Pueblo acudió en dos oportunidades para conversar con los comerciantes y se comprobó el deterioro de las condiciones sanitarias, e invocó a la municipalidad limeña, con acuerdo de aquellos, a establecer un horario de ingreso de alimentos, mientras que el Ministerio Público exhortó a que, conforme a sus atribuciones, la municipalidad prevea los actos contra la salud pública.
La burgomaestre anunció que en el segundo semestre de este año y a un costo de 16 millones de soles se iniciará la construcción del mercado minorista “Tierra Prometida”. “No hay ningún veto para que otros minoristas se unan al proyecto”, dijo Villarán.
En sus respuestas a los congresistas, Susana Villarán dijo que no ha habido violación a los derechos humanos, ni restricciones para repartir los alimentos y que se había respetado todos los derechos de los comerciantes. Reiteró que no hubo desalojo e invitó a los dirigentes de los comerciantes que aún permanecen en ese recinto a que dialoguen con ella o con los regidores en la sede de la municipalidad.
PRÉSTAMO MUNICIPAL
La alcaldesa fue citada conjuntamente con el ministro del Interior, Walter Albán, para que informen sobre los sucesos de “La Parada”. En su lugar lo hicieron el viceministro de Seguridad Interna, William Postigo, y el general PNP Salvador Iglesias, jefe de la región policial de Lima. Sin embargo, en opinión de algunos congresistas, ambos invitados no eran los responsables políticos ni tenían el mismo nivel que los congresistas, por lo que se reprogramó la asistencia del ministro para la última semana de este mes.
El segundo tema de la citación fue para que Susana Villarán responda sobre una presunta incompatibilidad, como alcaldesa, por haber recibido un préstamo de 25 mil soles de la Caja Metropolitana de Lima, cuyo directorio es nombrado por el concejo.
La alcaldesa estuvo acompañada por el gerente general de la Caja, Oscar Vivanco, quien aclaró las observaciones legales sobre el préstamo. Villarán dijo que como trabajadora de la municipalidad –al igual que otros 854 funcionarios en todo el país- puede acceder a un préstamo para que se le descuente mensualmente por planilla, a través del sistema “Planilla cash”.
Afirmó que no se trataba de un problema ético ni legal y que no se le había hecho ningún favorecimiento. Que es trabajadora municipal, pero también pudo haberlo en otra Caja Municipal.
El gerente de la entidad financiera explicó que el préstamo era a un plazo de 72 meses, con un interés anual de 14% y que los solicitantes estaban sujetos a evaluación crediticia. El pago por el préstamo no debe superar el 45% de los ingresos netos mensuales. Explicó que en el país hay 13 Cajas Municipales y que entre el 2011 y el 2014, la Caja de Lima otorgaron préstamos a 14 regidores.
Dijo también que un informe de la SBS señala que el préstamo no ha trasgredido el marco legal y que la Caja Metropolitana de Lima está sujeta a lo que establece la Ley del Sistema Financiero.
Los congresistas expresaron sus dudas al respecto. Julio Rosas dijo que sí había conflicto de intereses; Mariano Portugal, que el tema era controversial y que si había delito debería intervenir el Ministerio Público. Yehude Simon opinó que se estaba exagerando y Heriberto Benítez (SN) que el préstamo solicitado podría ser causal de vacancia de la alcaldesa.
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