Analizan proyecto de ley sobre acoso sexual callejero

La congresista Rosa Mavila León (AP- FA), presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, dirigió este miércoles 19 una reunión de trabajo para estudiar la versión preliminar del proyecto de ley sobre el acoso sexual callejero. “Esta iniciativa busca ser un instrumento propulsor de una gran campaña nacional que favorezca un debate político sobre la cuestión de género”, indicó la legisladora.

Asimismo, señaló que es importante entender el acoso sexual como “una agresión a la libertad e integridad” y no como una “mala costumbre”.

En la reunión, tras las intervenciones de los panelistas, la parlamentaria concluyó en que es conveniente plantear una propuesta de ley autónoma dirigida al acoso sexual callejero. En un principio, la versión preliminar proponía la incorporación de dos artículos al Código Penal que señalaban las sanciones por acoso sexual en la vía pública.

Dijo que una ley general puede responder de manera más integral, con un “mayor énfasis preventivo” y que “determine la obligación de todos los sectores en el tema”. Por ello invitó a los presentes a una próxima reunión para perfeccionar la iniciativa.

Durante las intervenciones, la directora del centro de la mujer peruana “Flora Tristán”, Liz Meléndez, dijo que “todas las mujeres nos sentimos acosadas en mayor o menor medida. Debemos estar pensando ¿qué taxi tomar?, ¿quién nos debe acompañar? o ¿dónde no podemos ir?”, reflexionó.

Qantu Madueño, miembro de esa asociación, sostuvo que es necesario entender que gran parte de los números de acoso están relacionados con las características de las mujeres, ya sea por su raza, origen geográfico o aspecto físico.

El representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Joshua Calderón, manifestó que el acoso sexual callejero está basado en una diferencia estructural de poder del varón sobre la mujer.

En ese sentido, Sara Ramírez Subillaga, representante del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), señaló que es urgente mejorar el protocolo del tratamiento de la violencia y acoso sexual tanto a nivel administrativo como policial y judicial.(IM)