Jueves 02 de mayo 2024 | Contáctenos
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la acusación contra ocho congresistas de distintas bancadas y excluyó del proceso a otros cuatro parlamentarios acusados de varios supuestos delitos por considerar que no fueron demostrados los hechos denunciados.
Así lo consideró en la sesión del martes 1 donde se decidió archivar la denuncia del ciudadano Zenón Bernuy Cunza contra los legisladores Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA), Soledad Pérez Tello (PPC-APP), Javier Velásquez Quesquén (CP), Rennán Espinoza ( ), Segundo Tapia (FA), Rogelio Canches (GNP), Esther Capuñay (GNP), y Teófilo Gamarra (GNP).
Bernuy Cunza los acusó de diversos delitos entre ellos asociación ilícita, discriminación, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, encubrimiento personal y omisión de denuncia.
Los parlamentarios acusados formaron parte de la Subcomisión en el período anual anterior donde emitieron un informe declarando improcedente una denuncia presentada por Bernuy Cunza por lo cual éste se manifestó dañado en forma irreparable económicamente. En consecuencia, los acusó constitucionalmente.
De acuerdo a la calificación de la subcomisión no se puede inferir en dolo para imputar una supuesta comisión de delitos, más aún cuando la infracción no se encuentra comprendida en el capítulo del Código Penal referido a Delitos contra la administración pública,
De igual manera excluyó del proceso a los congresistas Julio Gagó Pérez (FA), Pedro Spadaro (FA), Marisol Espinoza (GNP), Ana María Solórzano (GNP) por no haber participado en el debate del caso motivo de reclamo del denunciante.
En otro momento, procedió en forma similar con la acusación presentada contra el ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor; el ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido; el ex ministro del Interior, Jerónimo Pedraza Sierra; y el ministro de Economía, Luis Castilla Rubio, por considerar que no existe argumentos que justifiquen la denuncia.
La acción había sido presentada por los ciudadanos Rommel Roca Laos, Miguel Mendieta Piana, Luis Arenas Polanco, Pedro Navarro Murgueytio, Eduardo Rodríguez Álvarez y Rubén Salas Aranibar por supuestos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Igual destino tuvieron las denuncias contra el vocal supremo César San Martín acusado de fraude procesal por supuesto delito de cohecho pasivo y prevaricato -planteadas por los ciudadanos José Carranza Montalván y Marco Laos Gonzales, por considerar que no se aportan las pruebas suficientes.
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