Domingo 05 de mayo 2024 | Contáctenos
La Comisión de la Mujer aprobó en forma unánime la propuesta que plantea aumentar a dos y hasta cuatro años de pena privativa de la libertad al funcionario o servidor público que omita, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en proceso de violencia familiar, feminicidio, trata de personas, delitos contra la libertad sexual y procedimientos de garantías personales.
El proyecto propone la modificación del Código Penal que en la actualidad establece que el funcionario público, que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, es reprimido con pena de cárcel no mayor de dos años y con 30 a sesenta días-multa.
La presidenta de la comisión, Cecilia Chacón De Vettori (FP), señaló que la iniciativa servirá para sancionar el agravante cuando se trata de violencia familiar y feminicidio y castigar debidamente al funcionario “porque no puede permitir que se vuelva un cómplice de quien delinquió”.
De similar forma, las integrantes de la comisión aprobaron unánimente el proyecto que plantea establecer los criterios de aplicación del Principio de Interés Superior del Niño con la finalidad de disponer la priorización de todo proceso o procedimiento en el que se vean afectados los derechos de los niños, niñas o adolescentes.
La medida permitirá que las niñas, niños y adolescentes cuenten con protección adecuada y eficaz de su interés superior en toda causa concerniente a la administración de justicia en la que sus derechos se vean afectados.
Asimismo, que sean idóneamente representados y defendidos en las causas y casos en los que sean actores directos de algún hecho de contravención a la ley penal.
PENAL DE MUJERES
En forma unánime también las parlamentarias acordaron sesionar en la última semana del presente mes en el Penal “Santa Mónica”. La reunión servirá, además, para conocer su situación y demandas.
Finalmente, el grupo de trabajo decidió el archivamiento de tres iniciativas legislativas por no mejorar la legislación vigente. Son las siguientes: la que incorpora el delito de abandono peligroso al adulto mayor; la que ordena la expedición de una nueva partida o acta de nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad o maternidad se realiza con posterioridad a la fecha de inscripción.
Así también, la que propone modificar e incorporar artículos a la Ley 28803 de las personas adultas mayores.
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