Ley para evitar extorsiones en centro de Lima y en el Perú existe pero no se implementa

Aquellos desadaptados que vienen cobrando cupos a transportistas en pleno Centro de Lima deberían enfrentar penas muy severas según la Ley contra el Crimen Organizado.

Así advirtió el congresista Octavio Salazar quien recordó que esta norma publicada en El Peruano en agosto de 2013 establece que “ … se considera crimen organizado a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea existe o funciona, inequívoca o directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves…como la extorsión” puntualizó.

La ley tras su publicación fue objeto de duras críticas debido a que establecía más de 20 nuevos delitos en los que las personas involucradas no podrán acceder a beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo ni educación, semilibertad y liberación condicional.

“… En ese entonces la nueva norma fue criticada debido a que no se contaba con el presupuesto suficiente para su implementación, capacitación del personal, aplicación del nuevo código procesal en Lima, y porque esto podría significar un desborde de la carga procesal. Hoy a 8 meses de su promulgación y como congresista miembro de la Comisión de Justicia nos preguntamos ¿cuánto se avanzó para poder contar con esta herramienta poderosa con la cual combatir el delito?…”

Octavio Salazar Miranda agregó “… la proliferación de paraderos y transportistas informales en el Centro de Lima ha causado que la delincuencia tenga un lugar perfecto para ocultarse. Mezclados en la informalidad es más difícil que existan denuncias y a éstos transportistas sólo les queda pagar. Hoy esto ha salido de control y tenemos enfrentamientos con armas de fuego entre bandas en pleno Centro de la Ciudad, ya existen víctimas mortales y dos menores heridos hace algunos días. Es increíble que nuestra ciudad capital se haya convertido en tierra de nadie y la ley siga sin aplicarse…”

El congresista de Fuerza Popular exigió que el gobierno informe en qué etapa se encuentra la implementación de esta norma que establece incluso la cadena perpetua en caso el involucrado incurra en delito como miembro de un grupo delictivo, o si ocasiona muerte y/o lesiones graves.

Además para los cabecillas de estos grupos que ya fueron identificados por la PNP, la sanción no bajará de 8 años y puede llegar hasta los 15. Considerando una serie de agravantes que incrementarán aún más las penas como por ejemplo el utilizar a menores de edad, casos que ya existen en el norte de nuestro país.