Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
El presidente del gobierno regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, estaría siendo sindicado como cabeza de una organización delictiva integrada por altos funcionarios de su administración, según un informe elaborado por el Ministerio Público, fechado el 30 de abril (hace dos días) y dado a conocer el viernes 2 por el congresista Yonhy Lescano (AP-FA) en sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
En reunión extraordinaria, convocada precisamente para que la autoridad regional hiciera los descargos respecto a ocho supuestas irregularidades cometidas en el gobierno regional tumbesino, Lescano Ancieta dio lectura al informe de la fiscalía en que se señala que la organización, presuntamente encabezada por la autoridad regional, estaría integrada por el vicepresidente regional, el jefe de asesoría jurídica, el procurador regional y el gerente de infraestructura.
También se les acusa e investiga por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado y cohecho pasivo, entre otros.
En su descargo, Viñas Dioses opinó que se trataría de un informe preliminar respecto a una investigación de la Contraloría que esta inició a su administración en julio del año pasado y sobre el cual no ha sido notificado oficialmente. La cuestionada autoridad regional se autoproclamó inocente “hasta que se me demuestre lo contrario”.
En sesión dirigida por el titular de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos Salinas (SN), el presidente regional respondió a seis de las acusaciones que pesan contra su administración, y se abstuvo de aclarar sobre la compra irregular de pasajes aéreos a favor de funcionarios de la región, hecha por una empresa privada, alegando que la denuncia estaba judicializada y no podía revelar detalles de la misma. Tampoco aclaró la denunciada de contratación de personas en plazas no presupuestadas. Pidió ser citado nuevamente para levantar los cargos con documentos en la mano.
Al inicio de la sesión, que se prolongó por tres horas, Viñas Dioses negó haber favorecido con puestos de trabajo a familiares y allegados, y de haber amedrentado a periodistas de su región, pero no logró convencer a los congresistas cuando estos le mostraron pruebas en contrario.
Descargos insuficientes
La cuestionada autoridad trató también de desmentir el supuesto uso de fondos de su administración para favorecer la precandidatura de su hija, Lucía Viñas Benner, para sucederlo en el cargo. Sin embargo, se le mostró el oficio que le dirigió la Defensoría del Pueblo, en la que esta entidad le invoca a que no utilice recursos públicos a favor de la organización política ‘Luchemos por Tumbes’, que promueve la candidatura de su heredera.
Al respecto, Viñas Dioses había asegurado que las acusaciones en su contra estaban motivadas por intereses políticos.
La autoridad regional trató también de desmentir otras acusaciones contra su administración, como el haber contratado a exterroristas. Según dijo, se trata de personas que, como él, fueron acusadas injustamente y fueron liberados durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua al declararse su inocencia.
También trató de aclarar el uso de la frase “sirviendo al pueblo de todo corazón” en textos escolares distribuidos a 23 mil niños de la región. La frase es utilizada por los dirigentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) en sus correspondencias. Viñas Dioses respondió que “el lenguaje no es propiedad de nadie”, y se trata de una modificación de la frase “debemos servir a Dios de todo corazón”, que figura en la Biblia.
La autoridad regional es investigada por la supuesta comisión de otros delitos, respecto a los cuales trató de dar explicaciones, aunque al final no logró convencer a los integrantes de la Comisión.
Facultades investigadoras
Tras las declaraciones del funcionario tumbesino, la Comisión acordó pedir al Pleno facultades discrecionales para investigar al gobierno regional de Tumbes, en un plazo de 90 días.
El mismo pedido se hará para investigar a la jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), Dacia Escalante León, al supuesto cobro irregular por compensación vacacional, adjudicación irregular de premios no reclamados para fines proselitistas a favor del partido de gobierno, convocatorias de los gobernadores a Lima y participación de estos en los denominados ‘tambos’ del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Ella había sido convocada a la sesión, juntamente con el ministro del Interior, Wálter Albán, pero ninguno acudió a la cita. Solo el ministro justificó su inasistencia argumentando que tenía otros “asuntos importantes” que atender.
Las dos propuestas fueron aprobadas por unanimidad. (jvs)
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