Viernes 19 de abril 2024 | Contáctenos
El congresista elegido al que posteriormente se le compruebe fehacientemente haber recibido financiamiento proveniente del narcotráfico, lavado de activos, o de personas condenadas por tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, sería “vacado inmediatamente” del cargo, sin que sea sustituido por su accesitario.
En este caso, el cargo quedará vacante hasta el próximo proceso electoral.
Además, el partido que lo llevó a la postulación y al que también se compruebe haber recibido recursos económicos de las mismas fuentes, no podrían presentarse a las siguientes elecciones presidenciales, regionales ni municipales, hasta las siguientes elecciones generales, es decir, después de cinco años.
Así lo propone un proyecto de ley presentado y sustentado por la congresista Lourdes Alcorta (UR), cuyo debate se inició en sesión ordinaria celebrada el martes 13 en la Comisión de Constitución y Reglamento, dirigida por su vicepresidenta, Rosa Mavila León (AP-FA), por licencia de su titular, Omar Chehade (NGP).
La congresista comentó que su iniciativa pretendía prevenir la infiltración del narcotráfico y el lavado de activos en los partidos políticos, en el Congreso de la República y en los gobiernos regionales y municipales.
La proposición legislativa fue calificada como “una vacuna contra la corrupción” por Santiago Gastañadui (NGP), en tanto que Martha Chávez (FP) opinó que se debía incluir otros casos de corrupción como apropiación de bienes del Estado, falsedad genérica, entre otros.
Ellos y sus colegas Luz Salgado, Rolando Reátegui (FP) y Tulio Falconí (UR) coincidieron en que la iniciativa debe ser objeto de un amplio debate por lo que el tema fue dejado de lado para continuar debatiéndolo en una próxima sesión.
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