Detectan irregularidades en contratación de servicios por las FF.AAs y PNP

El grupo de trabajo de seguimiento a las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú aprobó este lunes 2 su informe final que, entre otros puntos, concluye que en la actualidad se viene haciendo un uso inadecuado del artículo N° 76 de la Constitución Política del Perú que estipula que la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público, situación que incrementa los riesgos de ocurrencia de posibles actos de corrupción.

Este grupo de trabajo conformado al interior de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento el pasado 9 de setiembre contó con la coordinación del congresista César Yrupailla (NGP), quien sometió a consideración el referido documento al parlamentario y vicepresidente del Congreso Luis Iberico (PPC-AP) y al legislador Heriberto Benítez.

El informe final, además, establece que no se cumple en su totalidad con el artículo 40 de la Ley 27785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría general de la República que establece que las jefaturas de los órganos de auditoría interna de las fuerzas castrenses y de la PNP son designadas por el Contralor General de la República.

El documento también menciona que existe cierta resistencia y desinterés de algunas instituciones del Estado, como es el caso del Ejército del Perú y el Fondo de Salud Personal de la PNP a acogerse y tomar como suyo el Protocolo del Programa de Acompañamiento y Seguimiento, lo que permite mejorar la calidad y resultados de los procesos de contrataciones y adquisiciones en dichas entidades.

Por estas y otras razones el informe final del grupo investigador propone que el personal militar y policial que desempeñe función administrativa se encuentre comprendido en la capacidad sancionadora de la Contraloría General en materia de responsabilidad administrativa funcional. El mismo que debe incluir al personal militar de la Agencia de Compras de las FF.AAs.

También recomienda al Ejecutivo otorgar a la PNP un tratamiento análogo a los que tiene las Fuerzas Armadas, en relación a las exoneraciones tributarias que gozan los proveedores extranjeros que ingresan bienes con la calificación de “material de guerra”.

Del mismo modo, propone dotar de mayores facultades a la Contraloría a fin de ejercer un mayor control sobre las compras en el extranjero. Asimismo, dotarle de mayor presupuesto a fin que le permita reforzar las acciones de control, especialmente aquellas acciones preventivas, a fin de disuadir posibles actos de corrupción en las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de la PNP.