Carmen Omonte: “Acoso sexual debe enfrentarse desde el colegio”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Carmen Omonte Durand, consideró que debe enfrentarse el acoso sexual desde los colegios, haciendo referencia a que la mayor parte de los agresores que han sido denunciados, cuentan con estudios escolares. 

“Un trabajo que debemos hacer es con todos los colegios, la mayoría de los agresores han pasado por el colegio y qué lamentable que después de haber pasado once años en el colegio, estén con esa mentalidad de creer que pueden ofender a las mujeres e ir contra sus derechos”, expresó. 

Indicó que su sector tiene previsto realizar visitas en los centros educativos, para trabajar con los profesores y alumnos. “Trataré de reunirme con los alumnos de primaria y secundaria, y finalmente lograr que tanto los varones como las mujeres entiendan lo que es ser agresores y ser agredidas. En el caso de los varones es una decisión inteligente el no ser violento”, dijo 

Refirió que los padres de familia deben tener una participación importante en la educación de sus menores hijos y enfocarles el problema de manera que tomen conciencia sobre esta grave incidencia. “No puede ser posible que los educandos, principalmente varones estén once años en el colegio y no hayan aprendido valores a seguir en el desarrollo de su personalidad”, anotó la titular del MIMP. 

En referencia a las denuncias por acoso sexual que se han registrado esta semana, destacó la iniciativa de la municipalidad distrital de Surco, que desarrollan una campaña contra el acoso callejero que muchas veces realizan los trabajadores de construcción civil con las mujeres que pasan cerca de las obras. La municipalidad ha comprometido a las empresas constructoras en evitar este tipo de acoso capacitando a sus trabajadores. 

En ese contexto, indicó que el MIMP ha logrado el compromiso de veinte municipios para realizar acciones contra el acoso sexual callejero. En marzo último realizó el foro “El acoso sexual callejero: estrategias de intervención desde los gobiernos locales”, donde los municipios de Miraflores, Surco y Lima compartieron las medidas que vienen adoptando y 20 gobiernos locales de Lima y Callao manifestaron su disposición para trabajar frente a esta problemática. 

De acuerdo a una encuesta del instituto de opinión pública de la PUCP, siete de cada diez mujeres entrevistadas de 18 a 29 años señaló haber sido blanco de al menos una modalidad de acoso sexual. Resulta alarmante que un 76,9% de los hombres encuestados aseveran que las mujeres que se visten provocativamente se exponen a que se les falte el respeto en las calles y similar opinión tienen el 73,8% de las mujeres encuestadas. 

“Queremos vivir en una sociedad desarrollada, y debe ser desarrollada a nivel integral no solo económico, salud, infraestructura, sino también qué conducta tenemos cada ciudadano”, dijo. 

Por último, exhortó a las mujeres a cambiar de mentalidad y no sentirse avergonzadas cuando sufran una ofensa, sino denunciar el hecho inmediatamente, cuando sientan que están siendo violentadas y acudir a la autoridad más cercana.  

ALISTAN PROPUESTA NORMATIVA

La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, informó que su sector está elaborando una propuesta que busca incorporar en el Código Penal los actos graves que constituyen acoso sexual callejero que afectan la libertad sexual, la dignidad principalmente a las mujeres, para sancionar a los responsables hasta con tres años de pena privativa de libertad. 

Esta propuesta modifica el artículo 176 (actos contra el pudor) ampliando sus efectos para las conductas graves de acoso sexual callejero. Asimismo, se amplía el artículo 176-A (actos contra el pudor en menores) agravando la conducta cuando el sujeto activo violenta la indemnidad sexual de un niño o niña. 

Adicionalmente se plantea incorporar en el Proyecto de Código Administrativo de Contravenciones de Policía, una medida específica para aquel que cometa actos contra la libertad o indemnidad sexual a otra persona, en lugares públicos, se le aplique la medida correctiva de expulsión del lugar o prohibición de concurrir al espacio o servicio público.